Los jueces admiten el recurso por paralizar Castellana Norte
Carmena afirma que el Ayuntamiento seguirá trabajando con “toda normalidad” en su nuevo proyecto
El frente judicial vuelve a abrirse en torno a la conocida como Operación Chamartín. El Tribunal Superior de Justicia (TSJM) ha admitido a trámite el recurso presentado por Distrito Castellana Norte —operadores privados del desarrollo (BBVA y Constructora San José)— contra el rechazo al plan que promovían y que el pleno anuló en mayo. Por su parte, Fomento también recurrió ayer la paralización. Mientras tanto, la alcaldesa, Manuela Carmena, afirma que el Ayuntamiento seguirá trabajando con “toda normalidad” en su nuevo proyecto.
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM ha solicitado al Consistorio el expediente y la documentación sobre la resolución municipal que anulaba este proyecto al norte de la capital de 3,1 millones de metros cuadrados.
El pleno del Ayuntamiento de Madrid, con votos de Ahora Madrid y PSOE, rechazó en mayo pasado el plan promovido por Distrito Castellana Norte (DCN) y aprobó otro alternativo conocido como Madrid Puerta Norte. DCN optó en julio por interponer un recurso ante el Tribunal Superior para “tutelar sus propios intereses en las formas y plazos que dicta la ley”. El promotor considera que la denegación del proyecto incurre en “vicios de nulidad y de desviación de poder”, ya que a su parecer el gobierno municipal ha resuelto “con criterios políticos una cuestión estrictamente jurídica, sin fundamento legal alguno”.
Según DCN, se encuentran en una posición de “verdadera indefensión” agravada por la creación de “unas mesas de debate, fuera de los procedimientos marcados por la ley urbanística”. “El Ayuntamiento ha tomado una decisión que priva de sus facultades las administraciones implicadas, adoptando una resolución unilateral solo con el fin de no permitir el desarrollo del proyecto y denegar sin motivo alguno el Plan Parcial de la Prolongación de la Castellana”.
El promotor recuerda en su recurso que su proyecto cuenta con “48 informes favorables de todas las administraciones y organismos implicados, cuyas recomendaciones fueron recogidas en el proyecto”.
Por su parte, el Ministerio de Fomento, propietario de buena parte del suelo también ha recurrido la paralización. Rafael Catalá, ministro en funciones, considera que la propuesta del Consistorio madrileño es “contraria al interés general”.
El Ayuntamiento quiere un proyecto más pequeño que el que desarrolló el anterior gobierno municipal (PP) y que las obras corran a cargo de las arcas públicas, no de las privadas.
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