Guerra por el fútbol en Getafe

La alcaldesa, Sara Hernández, ha tendido la mano al equipo azulón, pero “en defensa del interés general” le ha exigido que respete los acuerdos plenarios de marzo. Esto es: que consienta que otros clubes entrenen en la Ciudad Deportiva, de propiedad municipal, y que pague los gastos de suministro. El Getafe C.F. no ha realizado de momento declaraciones.

La pasada semana, dos clubes locales trataron de entrenar en la Ciudad Deportiva sin éxito. El miércoles 7, el equipo senior del Ciudad de Getafe consiguió acceder a las instalaciones, pero los empleados del Getafe C.F. les apagaron las luces en pleno entrenamiento con el argumento de que “no tenían permiso del club”. Los jugadores amateurs llamaron a la policía local, que levantó acta del suceso. El día siguiente, fue el Getafe Atlético el que se dirigió a las instalaciones, pero ya no pudieron entrar.

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Un acuerdo plenario de marzo, aprobado por unanimidad, indica que, a partir del 1 de septiembre, los clubes locales harán uso diario de un campo de entrenamiento durante las dos horas que este permaneciera libre. El acuerdo también implicaba la cesión de un terreno de juego los domingos para que los clubes pudieran competir. “Total apoyo al equipo de nuestra ciudad, pero nuestro objetivo es que todos los ciudadanos puedan disfrutar de las instalaciones deportivas”, ha indicado Hernández en rueda de prensa. “No es un ultimátum, pero no nos temblará el pulso”, ha sostenido la alcaldesa tras anunciar que los servicios jurídicos estudian ya acciones legales contra el Getafe C.F. Además, ha explicado que el Ayuntamiento no ha recibido respuesta del club azulón a ninguno de los requerimientos que se les ha enviado.

Un campo para entrenar

“El problema es que el Getafe ha ido dejando salir de su escuela a niños que ahora asumimos nosotros. Solo pedimos un campo para entrenar”, expone Borja del Castillo, presidente del Ciudad de Getafe, uno de los clubes damnificados. Esta institución cuenta con 810 niños, desde los cuatro a los 20 años, que pagan una cuota anual de 300 euros por practicar el denominado deporte rey. Comparten con otros equipos el polideportivo municipal Juan de la Cierva para entrenar, pero necesitan más campos para ello. “Hay mucha demanda de fútbol en Getafe, pero no disponemos de campos”, se queja Jorge López, vicepresidente del Getafe Atlético, otro de los clubes a los que se prohíbe la entrada en la Ciudad Deportiva. “Solo les pedimos que nos dejen usarlos cuando el Getafe C.F no los utilice. Estamos en nuestro derecho”.

El Getafe C.F. vive actualmente una situación delicada. Tras 12 años en la máxima categoría del fútbol español, la temporada pasada descendió a Segunda División, lo que ha mermado notablemente sus arcas. Atrás quedaron las gestas europeas, las finales de Copa del Rey y el tuteo a los grandes de la Liga. Esta temporada el club azulón no ha ganado ninguno de sus cuatro partidos y se encuentra en puestos de descenso a 2ªB. Además, vive inmerso en un litigio con el Ayuntamiento de la ciudad que, en 2011, rescindió el convenio firmado un año antes con el club. Dicho convenio cedía en exclusividad las instalaciones deportivas municipales y otorgaba una subvención de 3,5 millones de euros a la entidad, que se comprometía a mantener la escuela deportiva.

“El Ayuntamiento había estado ayudando económicamente años atrás al equipo y ese convenio solo lo oficializó. El problema es que el acuerdo dejó de existir, pero ellos actúan como si permaneciera en vigor”, aclara una fuente municipal. La misma fuente sostiene que aquel pacto, que Juan Soler (PP) eliminó al llegar a la alcaldía en 2011, no se podía mantener ya que la UE prohíbe que las administraciones públicas ayuden económicamente a las sociedades privadas. Aún así, el Getafe C.F. denunció al Consistorio y un juez obligó a este en enero de 2016 (en una sentencia que no es firme) a abonar seis millones de euros por la cancelación del convenio firmado. El club, sin embargo, pretende una indemnización superior, lo que llevó a suspender las negociaciones para acordar un nuevo convenio.