Una comisión municipal señala la “connivencia” de la Comunidad en la venta de pisos de la EMVS

Las conclusiones de la comisión de investigación sobre la venta de viviendas a Fidere, filial del fondo Blackstone, indican que Ayuntamiento y Comunidad de Madrid compartieron responsabilidades en una operación que causó un "perjuicio patrimonial" de 162 millones para la EMVS. Entre 2012 y 2013, el Consistorio cedió 18 promociones de viviendas protegidas por un importe de 128,5 millones. Pero según la comisión, esta venta no solo no respetó los principios de publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad, sino que los inmuebles se vendieron a un precio rebajado, lo que favoreció a los compradores. La comisión sostiene que el valor total de los inmuebles cedidos alcanzaba entonces los 291,4 millones.

Es más. Según la comisión de investigación, el entonces consejero delegado de la EMVS, Fermín Oslé Uranga, actuó de forma "irresponsable", falseando sus testimonios y "ocultando a los representantes democráticos de los ciudadanos de Madrid la información relativa a la operación de venta de las viviendas". La exalcaldesa Ana Botella y los antiguos directivos de la EMVS decidieron no asistir a las sesiones de la comisión.

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El delegado del Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, Carlos Sánchez Mato, destacó que la deuda de la EMVS, que en su momento se utilizó como justificación para la venta de los pisos, tuvo origen en la mala gestión del equipo de gobierno de Ana Botella y Alberto Ruiz-Gallardón. Por ello, según Sánchez Mato los errores fueron sobre todo de cariz político y derivaron en que la empresa municipal de la vivienda perdió de vista el perseguimiento de sus fines sociales. Sánchez Mato concluyó su intervención sosteniendo que "los vencidos" podrán a partir de este momento escribir su historia: "Se acabó la opacidad y la impunidad", afirmó.

Por parte socialista, la concejal Mercedes González acusó a la Comunidad de Madrid de haber actuado como "colaborador necesario" en la venta de los pisos a los fondos de inversiones. González utilizó duras palabras para referirse a la venta ejecutada por el entonces equipo de Ana Botella: "La EMVS no comunicó nunca que se iba a producir este proceso de venta. Hubo ausencia absoluta de pliego y mesa de contratación. Esto fue simplemente la ley de la selva", dijo.

Miguel Ángel Redondo, concejal de Ciudadanos, respaldó las conclusiones del dictamen, pero advirtió sobre el peligro de intentar recuperar los pisos vendidos a través de una operación de anulación del contrato, tal y como anunció el Ayuntamiento el lunes, ya que podría suponer un ulterior gasto para las cajas públicas. "Estamos de acuerdo con el dictamen porque pensamos que el Ayuntamiento actuó de manera incorrecta y que benefició a los fondos buitre. Pero habría que ver las repercusiones y el coste económico de la reversión de estos inmuebles, ya que podemos enriquecer aún más a estos fondos", consideró.

Querella contra los responsables

La comisión incorpora además la interposición de una querella contra quienes habrían desarrollado actuaciones lesivas para la empresa por los delitos de sustracción de cosa propia a su utilidad social, malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación. Asimismo, considera viable la puesta en marcha de acciones de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas contra los directivos, empleados o funcionarios públicos que generaron el supuesto perjuicio a los caudales de la EMVS.

Las recomendaciones de la comisión municipal incluyen también la opción de denunciar ante la Comisión Europa por posible infracción del derecho de la competencia e instar a la reprobación en el pleno del Ayuntamiento de los responsables políticos de la venta de pisos protegidos a fondos de inversiones ocurrida entre 2012 y 2013.