Los expertos enfrían las expectativas sobre el control a los precios del alquiler

Colau ha insistido en múltiples ocasiones sobre la necesidad de poner coto a “los alquileres abusivos”. El Ayuntamiento presentó el pasado enero un informe que mostraba que el importe medio de un alquiler en la ciudad es de 727 euros al mes, el más alto de todo el Estado. El análisis de las fianzas que los caseros depositan en el Incasòl hace que la Generalitat cifre el aumento del precio de las rentas en un 12,7% en el primer trimestre de este año, comparado con el de 2015.

“Regular el precio de los alquileres es algo recomendable pero poco viable”, lamenta Teresa Bermúdez, responsable del programa de vivienda de Cáritas. Desde la entidad ponen el foco en la necesidad de impulsar el parque público de viviendas que permita evitar la expulsión de un segmento que queda fuera de las ayudas de emergencia pero cuyos ingresos son muy justos para acceder a los precios del mercado. “De momento hay pocas soluciones para esas personas que quedan en el medio”, explica Bermúdez.

Antoni Sorolla, ex gerente del área de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona durante los gobiernos socialista y convergente, asegura que el fondo de la idea del control es positivo pero advierte que la competencia para hacer una regulación de este tipo es estatal. “Se trata de un problema que no se puede asumir solo desde un municipio, es necesaria una perspectiva regional”, explica el arquitecto. También alerta de problemas añadidos. “Si regulas el precio hay un riesgo de que se disparen, por ejemplo, los pisos turísticos ilegales”, dice Sorolla.

La distorsión del mercado de alquiler es solo uno de los posibles efectos negativos a tener en cuenta. Joan Ràfols, economista y presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, plantea que un precio muy bajo comportaría deterioros en el parque de vivienda, pues los propietarios recortarían en renovación y en mantenimiento para mantener la rentabilidad. “El efecto redistribuidor que persigue la medida puede ser al contrario. El control que puso en marcha el franquismo redujo la oferta y terminó creando una sociedad más orientada a la vivienda de propiedad y de desigualdades, entre los que tenían una renta antigua y una nueva”, explica Ràfols.

Incluso la Comisión Europea ha alertado sobre “los efectos desestabilizadores” de los controles de la renta. Economic Papers dedicó en 2014 un monográfico a las regulaciones del mercado de alquiler en la UE. Los autores apuntan a que estas medidas “tienden a tener un efecto adverso en las dinámicas del mercado de vivienda, incrementando la volatibilidad de los precios cuando se enfrentas a choques como los cambios en el número de habitantes o en la renta familiar y las tasas de interés”. Por el contrario, ven más inocuos y efectivos cambios legales en la regulación de las relaciones entre los propietarios y los arrendatarios.

Economic Papers también descartan el uso del control del precio como una medida de redistribución de oportunidades. “Preocupaciones sociales como la provisión de oportunidades de vivienda asequible para jóvenes o personas con rentas bajas requiere políticas más específicas, que serán más efectivas para el mejoramiento del bienestar sin afectar la eficiencia del mercado”.

La propuesta de la alcaldesa y el paso delante de Puigdemont llegan en un momento en que la Generalitat intenta aprobar una alternativa a la ley contra los desahucios, suspendida por el Tribunal Constitucional. Esta norma había surgido de la Iniciativa de Legislación Popular impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. La nueva propuesta de Colau, irónicamente, topa con el mismo escollo competencial.