Junts pel Sí pierde una votación cada tres días por la CUP

Los diez diputados de la CUP se están demostrando letales a la hora de dejar en evidencia a los 62 de Junts pel Sí. Ya sea en las comisiones o en el pleno del Parlament, los anticapitalistas, pese a ser los supuestos aliados de la coalición que gobierna Cataluña, se fueron de vacaciones tras provocar al grupo que integran Convergència y Esquerra 108 derrotas en diferentes votaciones en menos de 300 días de legislatura. La CUP le lleva la contraria una vez cada tres días.

Junts pel Sí y la CUP estrenaron la legislatura catalana votando conjuntamente la declaración independentista del 9-N y se han ido de vacaciones tras dar el visto bueno a un proceso de desconexión que tiene en cuenta un mecanismo unilateral de independencia. Mientras que la primera votación pretendía asegurar la investidura de Artur Mas (o de alguien de Convergència), lo que se juega ahora Junts pel Sí es que Carles Puigdemont pueda afrontar en condiciones la cuestión de confianza del próximo 28 de septiembre.

Ya sea en las comisiones o en el pleno. Ya sea votando mociones o leyes. Los anticapitalistas apenas son fieles en lo que incumbe al proceso independentista y siempre y cuando se asuman sus propuestas. Además de los dos grandes desafíos al Constitucional, Junts pel Sí y la CUP han ido de la mano sin ningún tipo de problemas en las dos ponencias sobre leyes de desconexión que se han aprobado hasta ahora: la que ha de servir de base para redactar en comisión la ley de la prevista Agencia de Protección Social y la que daría vida a la Hacienda de una hipotética República catalana. En el resto de materias van a la suya.

Recuperar leyes vetadas

A sus parlamentarios no les tembló el pulso para negarle al Gobierno la ley más importante que un Ejecutivo presenta en el Parlamento cada año: los Presupuestos. Fue la demostración definitiva de que el pacto de estabilidad sellado en enero no era una garantía de nada y el desencadenante de que Puigdemont apostara por la cuestión de confianza.

Con ese paso el presidente catalán pasaba buena parte de la presión a la CUP, a la que se le ha acusado de evitar unos Presupuestos de carácter social e imprescindibles para la transición hacia la ansiada secesión del bloque independentista. Con el veto de junio pasado, también caía la Ley de Medidas Fiscales y Financieras (también conocida como Ley de Acompañamiento de los Presupuestos), que el Gobierno está recuperando de forma troceada, a través de decretos y leyes. Ahora Junts pel Sí quiere que la renovación de su acuerdo con la CUP, que pasa por dejar continuar a Puigdemont y evitar una nueva convocatoria electoral, comprometa su apoyo a la aprobación de los Presupuestos de 2017. De momento, esa cuestión está encallada.

El partido asambleario ha puesto en evidencia las diferencias de índole social que mantiene con Junts pel Sí, sobre todo con el Partit Demòcrata Català. Ha sucedido especialmente en materias de sanidad y educación, en las que en muchas ocasiones no ha tenido problema en alinearse junto al Partido Popular y Ciudadanos, situados en el ala opuesta del espectro político. Lo han hecho para reclamar desde más plazas de odontólogos para centros de atención primaria o más plazas públicas de guarderías.

Incluso la CUP apostó por presionar a Junts pel Sí en una moción que instaba a reducir los cargos de confianza del Ejecutivo catalán a un número inferior de los existentes cuando se inició la legislatura. Y utilizó otra moción para revisar los criterios utilizados para otorgar subvenciones a medios de comunicación catalanes.

Los problemas de la acción parlamentaria no solo llegan de la mano de la CUP. El Partit Demòcrata y ERC también han puesto de manifiesto sus diferencias en la cámara catalana, en la que en ocasiones han llegado a votar de forma opuesta, como fue el caso de unas mociones que pretendían acabar con los conciertos de escuelas ultracatólicas que segregan a os alumnos por sexos. Esquerra se abstuvo mientras que los convergentes se opusieron.

Esquerra también se negó a votar favorablemente una moción que abogaba por subcontratar a centros privados actividad sanitaria pública. De igual forma optaron por dar un voto diferente a la petición para derogar la reforma laboral, a la que los convergentes se opusieron tras haber contribuido a su aprobación.

La polémica sobre el monumento franquista de Tortosa también dividió a los diputados de Junts pel Sí, que llegaron a utilizar las tres opciones posibles: sí, no, abstención. La moción para instar al Ayuntamiento de Tortosa a retirar la pilastra del río Ebro ganó gracias a los votos de PSC, Catalunya Sí que Es Pot, CUP y Esquerra. El Ayuntamiento convocó una consulta que optó por mantenerlo.