“Doné dinero a fundaciones de CiU por involucración ideológica, emocional”

Tendría que haber ido para médico, pero ha acabado convertido en príncipe de la basura. “Ojalá fuese el rey”, bromea Gustavo Buesa, de 56 años, sentado en un sofá blanco de su despacho en la empresa GBI Serveis, en Lloret de Mar. La Fiscalía Anticorrupción le acusa de haber usado sus influencias y haber pagado a la Fundación de Convergència y a Unió para conseguir adjudicaciones de contratos públicos. Tras esas donaciones, de más de medio millón de euros, sus ingresos crecieron un 87%.

“Es falso”, repite, ante cada uno de los indicios que llevan al amaño de un contrato de 80 millones en la recogida de las basuras de Lloret y otro de un vertedero, de 29 millones. Pero Buesa no esconde sus donaciones a las fundaciones de Convergència por “una involucración ideológica, emocional”, y su relación con consejeros, como Santi Vila, con directores generales, con políticos, como Duran Lleida o Josep Sánchez Llibre, de Unió, o con alcaldes, como fue en su día Xavier Crespo.

“En este país se ha convertido en una profesión de alto riesgo ser político y ser un empresario del sector de servicios. No podemos ni ir a comer”, se queja. Aunque es de Barcelona, Buesa lleva en Lloret de Mar (Girona) desde 1986, cuando consiguió su primera adjudicación. Hoy tiene 1.000 empleados a su cargo. El negocio en el municipio supone un 10% de sus ingresos totales.

Desde ese turístico lugar urdió presuntamente su trama de influencias, que le colocó en una posición tan buena que le llaman para colocar a cargos públicos. Robert Fauria, exalcalde de Sant Hilari e implicado en otra trama de corrupción municipal buscó, a través de terceros, su ayuda para intentar ser director de la Agencia Catalana de Residuos, algo que no consiguió. “Yo no puedo decidir cargos públicos de nadie. Sí es cierto que tengo relaciones, con directores generales, con consellers, pero mi grado de incidencia es nulo”, repite el empresario, que no ha perdido el moreno después de sus mini vacaciones en Ibiza, que se vieron interrumpidas hace tres semanas por una operación de la Guardia Civil.

Hace dos años que un exconcejal y un cargo de medioambiente del Ayuntamiento de Lloret denunciaron a la Guardia Civil que se habían sentido amenazados y presionados para amañar una licitación de recogida de basuras, con el objetivo de que la ganase el empresario. La Fiscalía sostiene que Buesa usó su poder, la influencia sobre el interventor (su hijo mayor trabaja desde 2002 para Buesa, y el menor ha tenido contratos temporales), sobre el secretario (Buesa era el principal proveedor de un consorcio que le tenía contratado), y sobre el concejal de Medio Ambiente (a quien contrataba seguros), para que le hicieran a medida las condiciones. También denunciaron que en 2011 se prorrogó el contrato de manera urgente, antes el riesgo de cambio de gobierno municipal, sin darle publicidad en el Diario Oficial de la UE, y con un tiempo de exposición pública exiguo (40 días). Buesa y su abogado, Carles Monguilod, rebaten que en la declaración ante el juez el 21 de julio —que este diario no ha podido contrastar— los dos denunciantes rectificaron y negaron cualquier ilegalidad.

Salido de Súnion, una de las escuelas reconocidas en Barcelona, a los 18 años Buesa ya se fijó en la basura. “Veía que el cartón se podía vender, que la chatarra se podía vender, que el aluminio se podía vender…”. Luego empezó empresariales. “Pero al tercer curso lo dejé”. Se define como “hiperactivo”: “Estoy paseando por la playa y quiero coger el negocio de las hamacas”. Intentó abrirse mercado en México y ahora está metido en el negocio de la música, como productor, además de regentar un restaurante en Miami. Cree que la clave de su éxito es que la inspiración, “como decía Picasso”, le ha pillado trabajando “13 o 14 horas” diarias. “No he perdido ni una renovación de concesión”.

Pero la Fiscalía no cree que se deba solo al esfuerzo. Considera que sus relaciones, entre ellas su amistad y negocios con Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor de los Pujol, conocido como júnior, le han ayudado a medrar en el sector público. Ambos están imputados en otra causa en la Audiencia Nacional por la licencia de un vertedero en Tivissa (Tarragona). Buesa defiende que sus relaciones con el poder son parte de su trabajo. Abierto a responder a todas las preguntas, menos a la de si sigue votando a Convergència ahora que es claramente independentista (“el Gobierno que dio el presidente Pujol a Aznar fueron unas épocas muy buenas para Cataluña”) dice sentir pena por el expresidente Pujol. “Siento tristeza por el trato que pueda recibir, por cómo pasará a la historia…”. Asegura que nunca ha pagado el 3%, aunque no da una explicación clara a un manuscrito hallado en su casa que alude a esa cifra. “No es mi letra, puede ser de cualquier compraventa”, argumenta.

Buesa confía en que ambas causas acabarán archivadas, y siente indignación por su imputación. Cree que si se usa la misma vara de medir, “todos los presidentes del IBEX tendrían que estar investigados… ¿O no miramos el palco del Real Madrid?”.