JxSí y la CUP cierran la proposición de ley de la Hacienda catalana

El Parlament, otra vez con Junts pel Sí y la CUP en solitario, ha concluido esta mañana la ponencia de la segunda ley de la denominada "desconexión" de Cataluña, la que hace referencia a la Hacienda Catalana, que prevén elevarla al pleno tras el verano para que se pueda trabajar en comisión. El documento registrado es sumamente cauto, sin ninguna referencia al término Estado y tampoco, como sí sucede con la ley que regula la actual Agencia Tributaria de Cataluña, a su relación con la Agencia Tributaria.

La ponencia registrada sigue a la que ya se cerró hace semanas y que el miércoles fue admitida a trámite por la cámara, la de la Agencia de Protección Social (Seguridad Social), con lo que solo quedaría desarrollar la Ley de Transitoriedad Jurídica, que se prevé la más controvertida respecto a la respuesta que pueda dar el Tribunal Constitucional. La de la Hacienda aprobada hoy, sin embargo, "es una ley muy importante, es la estructura de Estado económica más grande que tendremos. Queremos un modelo diferente del que tenemos ahora que dependemos del Estado español", ha explicado la diputada de Junts pel Sí Maria Senserrich.

La ponencia es un extenso articulado de 104 páginas denominado Código Tributario de Cataluña y de aprobación de los libros primero, segundo y tercero, relativos a la administración tributaria de la Generalitat de Cataluña. Es un documento abierto, que se blinda con referencias que acotan las competencias a las autonómucas. Son continuas las fórmulas como "cuando su aplicación corresponda a la Generalitat" o "procedimiento aplicables a Cataluña".

El documento establece qué organismos formarán la Administración tributaria catalana, pero no enumera, por ejemplo, cuáles serán los impuestos que regulará, controlará y recaudará. En diferentes ocasiones se refiere a la posibilidad de establecer acuerdos con otras administraciones, pero no concreta con cuales. Solo cuando desarrolla uno de los organismos que integrará la Adminsitración, el Consejo Fiscal de Cataluña, señala: "Colabora con las administraciones fiscales de los estados miembros de la unión Europea, con los organismos internacionales con competencias en materia de fiscalidad, y con las autoridades fiscales del resto de Estados.

La estructura de la Hacienda catalana estaría integrada, según la proposición de ley, por la Agencia Tributaria de Cataluña, la junta de Tributos, el Consejo Fiscal (para marcar las líneas maestras de la política fiscal), un Instituto de Investigación fiscal y de estudios tributarios, la dirección general de Tributos.

Senserrich ha prometido una agencia en la que el Gobierno catalán proponga los principales cargos, pero también que todos ellos tengan que ser refrendados por la Cámara catalana, para reforzar la legitimidad de los gestores de esta eventual estructura. JxSí ha hecho especial incidencia en el tercer libro, un Consejo Fiscal que según los soberanistas tiene que ser un "punto de encuentro" entre el sector privado y el sector público que trabajan en el ámbito de la fiscalidad de los ciudadanos.

"Tenemos cosas tan innovadoras como un Consejo Fiscal que no existe en España y que sí tienen países avanzados como Australia, Austria y Dinamarca", ha expuesto Senserrich, que ha asegurado que un consejo de estas características hará más transparente la administración tributaria. Tanto con la primera ley de ruptura de protección social como en esta segunda sobre hacienda propia, los soberanistas las ven clave para tener las estructuras catalanas preparadas para el día que, según ellos, Caraluña declare su independencia. Reguant ha señalado que el texto que presentan "no cierra nada", sino que abre la posibilidad de debatirlo en comisión parlamentaria, y ha deseado que el resto de grupo de las Cámara quieran debatirla pese a no compartir la independencia.