Dimite uno de los directores impuestos por Educación

El nuevo director del colegio Miguel Hernández de Getafe dimitió esta semana a las pocas horas de haber sido nombrado por la Consejería de Educación. Lo hizo oficialmente por “motivos personales”, pero en su decisión pesó el rechazo de los padres y docentes. Cuarenta y siete escuelas e institutos, según los cálculos de CCOO, cuentan con un nuevo responsable impuesto por Educación de forma unilateral.

Enrique Herrero, con una hija en el centro y miembro del Consejo Escolar, explica que en el colegio siempre han trabajado personas implicadas en el barrio y que aplican la metodología del movimiento Renovación Pedagógica, inmerso en proyectos culturales y comunitarios alternativos. Además, el centro se ha “significado” por su movilización en las protestas por los recortes en la escuela pública.

Un portavoz de Educación explica que el director del Miguel Hernández es el único que ha dimitido de los nuevos nombramientos. El jueves el consejero del ramo, Rafael van Grieken, habló por primera vez de la polémica suscitada por el sistema de selección —tres de los cinco miembros de la comisión evaluadora los elige su departamento— y se mostró contundente. Valoró a la comisión que hace “una labor totalmente independiente” y matizó: “Poner en duda que su opinión, que es académica, esté vinculada o no con una determinada directriz de la Administración (...) me parece que eso raya lo esperpéntico”.

Van Grieken insiste en que la fórmula de selección se adapta a “la normativa vigente”. Y CCOO, sin ponerlo en duda, precisa: “Si bien esta vía está recogida en el artículo 137 de la LOE-LOMCE, esta tiene tratamiento literal de ‘nombramiento con carácter extraordinario’ para circunstancias concretas, las cuales, en un número significativo de casos, ha propiciado, o, cuando menos, no ha hecho nada por evitar, la propia Administración”.

En Getafe, Educación ha cambiado a los directores de cuatro colegios y un instituto —el municipio con mayor proporción— y Herrero cree que el carácter combativo de los centros ha influido. Todos los partidos con representación en el Ayuntamiento, salvo al PP, han firmado un manifiesto conjunto en el se comprometen a “apoyar aquellas iniciativas y acciones que adopten las AMPAS, asociaciones y colectivos en defensa de la educación pública, y contra esta medida en particular”.

Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos —la formación que permite que gobierne Cristina Cifuentes—, ha pedido explicaciones a Van Grieken tras escuchar a las asociaciones de padres y docentes: “Sospechamos que hay criterios políticos que están interfiriendo en los nombramientos de determinados directores. No debe pasar si somos capaces de modificar los procesos de selección”.

La asociación de directores de instituto de la Comunidad de Madrid, Adimad, ya ha dado algunas claves en una carta en la que reclama que los tres miembros de la comisión que provienen de fuera del centro se elijan por sorteo entre personal con experiencia. Además, quieren que sea obligatorio argumentar un suspenso y sugieren que las notas de los extremos no puntúen en la media si hay mucha divergencia.

Diputados del PSOE y Podemos se acercaron a la reunión de urgencia convocada por los padres del Miguel Hernández que junto a los de otros centros han creado la Plataforma contra la imposición de directores en los centros educativos. En dos días han recabado más de 10.000 firmas de apoyo en la Red.

“Gracias a los directores conocemos el retraso en los pagos, las inadecuadas instalaciones, el disparado número de alumnos por clase, la tardanza en aprobar las optativas, la falta de profesores...”, se lamentan los socialistas que temen no enterarse de lo que pasa dentro de los centros.