El Ayuntamiento impone 1.700 multas diarias por entrar en el barrio de Ópera

Las APR son zonas por las que sólo pueden circular los coches de los vecinos; el resto únicamente pueden cruzar por los grandes ejes viarios: si intentan acceder a calles secundarias, son detectados por cámaras de vigilancia y multados. Hay cuatro en funcionamiento, todas en el distrito Centro; el gobierno municipal de Manuela Carmena (Ahora Madrid) quiere que todo el distrito sea APR para 2017.

La primera la implantó de forma experimental Alberto Ruiz-Gallardón (2003-2011, PP) en septiembre de 2004, un año después de llegar a la alcaldía. Es una pequeña zona del barrio de Cortes, alrededor de la calle de Los Madrazos, con una sola cámara de vigilancia. Un año después, Gallardón extendió esa restricción con una nueva APR que cubre el resto del barrio de Cortes (con 16 cámaras), entre las calles de la Cruz, Atocha, el paseo del Prado y la Carrera de San Jerónimo. En total, Cortes tiene una superficie de 59 hectáreas y 10.600 habitantes.

En julio de 2006, el exalcalde creó la tercera APR, en el barrio colindante de Embajadores, con 103 hectáreas y 45.000 habitantes. Cuenta con 15 cámaras de vigilancia, y está comprendida entre las rondas de Atocha y de Toledo, y las calles de Atocha, Concepción Jerónima y Toledo.

La crisis económica sufrida por el Ayuntamiento a partir de 2008 paralizó la ampliación de APR por el alto coste de su gestión y vigilancia. En 2014, una vez saneadas las arcas municipales, Ana Botella (2012-2015, PP) creó la APR de Ópera; en principio iba a cubrir los barrios de Sol (46 hectáreas, 7.400 habitantes) y Palacio (147 hectáreas, 22.400 habitantes), pero las críticas de algunos comerciantes la redujeron finalmente al perímetro formado por la Gran Vía y las calles del Carmen, Bailén y Mayor (50 hectáreas).

Suma de equivocaciones

Esta cuarta APR, con 21 cámaras, debía haber entrado en funcionamiento el 1 de agosto de 2015. Pero dos meses antes, Manuela Carmena le arrebató la alcaldía al PP tras 24 años de gobierno ininterrumpido, y decidió aplazar su puesta en marcha. Finalmente, empezó a operar el 1 de noviembre; ese mismo día entró en vigor además un cambio en las normas del resto de APR para homogeneizarlas y mejorar su coordinación.

Durante las primeras semanas de funcionamiento, los vecinos de Ópera comenzaron a recibir un número de multas anormalmente alto debido a errores informáticos de la empresa concesionaria (que no registró correctamente unos 700 vehículos autorizados); y a un fallo en el aparcamiento de Las Descalzas (los coches que entran indebidamente a una APR son multados, pero se les anula la denuncia al registrar su matrícula las cámaras de un párking público), que afectó a 3.000 usuarios.

Además, unas 150 personas que no estaban empadronadas pero poseían viviendas o plazas de garaje en las otras tres APR no fueron avisadas de que debían renovar su permiso tras el cambio de normas, y recibieron así más de un millar de multas, lo que extendió el problema no sólo a Ópera sino a todo el distrito. Dado que se tarda al menos un mes en notificar una denuncia, algunos conductores acumularon cientos de euros en sanciones por el mismo motivo.

Así las cosas, el pleno municipal acordó a finales de enero, ante la presión de la oposición, anular todas las sanciones impuestas desde el 1 de noviembre. Además, las cámaras de la APR de Ópera dejaron de multar hasta el 16 de marzo.

A tenor de las cifras proporcionadas por la Concejalía de Medio Ambiente, que dirige Inés Sabanés, la campaña de información municipal lanzada en febrero (y reforzada por la alarma social que generó el alto número de sanciones) ha surtido efecto. Las denuncias registradas en la APR de Ópera en abril, el primer mes completo tras la reactivación de las cámaras, fueron prácticamente la mitad que en noviembre.

Si en aquel mes, cuando se puso en marcha por primera vez la APR de Ópera, se contabilizaron 91.463 denuncias (3.049 al día), en abril fueron 49.791 denuncias (1.660 al día), es decir, un 45,6% menos.

Pero, pese a lo espectacular del descenso, las cifras municipales indican en todo caso que la APR de Ópera sigue constituyendo una anomalía por su altísimo número de denuncias en comparación con las otras tres áreas restringidas de Centro.

Si en abril se pusieron 73.683 denuncias en total en las cuatro APR, Ópera concentró el 68%. De 2.456 denuncias al día en conjunto, ella sola supuso 1.660. En Cortes se impusieron 1.991 denuncias en todo el mes (66 al día); en Letras, 11.225 (342 al día); y en Embajadores, 10.676 (356 al día).

En todas las APR menos en Cortes (que, por ser tan pequeña, sufre fuertes variaciones) descendieron cerca de un 40% las denuncias con respecto a noviembre, el mes en que cambiaron las normas de acceso.

Tres APR más en 2016

Evidentemente, esto puede deberse a que Ópera acaba de ponerse en funcionamiento y, por tanto, los madrileños aún no se han adaptado a ella, en contraste con las otras tres, que llevan más de una década.

Pero en cualquier caso supone un reto para un gobierno municipal que ha anunciado que, antes de final de año, pondrá en marcha otras tres APR, cubriendo así todo el distrito.

En concreto, faltan los barrios de Sol y Palacio, exceptuando la zona de Ópera; el barrio de Justicia (74 hectáreas, 16.400 habitantes), entre las calles de Sagasta y Génova, el paseo de Recoletos, Fuencarral y Gran Vía; y el barrio de Universidad (95 hectáreas; 30.900 habitantes), entre las calles de Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Fuencarral y Gran Vía.

Precisamente para delimitar en el imaginario colectivo de forma clara que Centro está reservado a sus vecinos, el Ayuntamiento se plantea ahora unificar todas las APR, las existentes y las previstas, en una sola que cubra todo el distrito (523 hectáreas, 132.600 habitantes).

Esa medida abarataría además notablemente los costes de gestión y vigilancia, según fuentes municipales. Mantener una APR por barrio, en cambio, reforzaría su función original, impidiendo que un vecino de Embajadores pueda circular o aparcar por Chueca y viceversa; pero, al mismo tiempo, podría aislarlos y obligarles a dar grandes rodeos para llegar a un barrio vecino.