La Junta electoral retirará 104 ‘estelades’ de espacios públicos

Societat Civil Catalana (SCC) aseguró este jueves que diversas juntas electorales de Cataluña han acordado ya la retirada de 104 banderas esteladas de espacios y edificios públicos. Esta entidad, favorable a la unidad de España, había presentado ante las juntas electorales de zona un listado con “446 ubicaciones ilegales correspondientes a 340 municipios” en las que ondeaban banderas independentistas.

En un comunicado difundido este jueves, SCC asegura haber obtenido una repuesta favorable de 14 de las 30 juntas a las que ha apelado: Arenys, Manresa, Girona, Granollers, Igualada, Reus, Santa Coloma de Farners, Sant Feliu de Llobregat, Tarragona, Terrassa, Tortosa, El Vendrell, Vilafranca del Penedés y Vilanova i la Geltrú.

Respecto al resto de juntas electorales, la entidad ha pedido que se pronuncien en la línea del argumento que esgrimió el Tribunal Supremo en su día: que la estelada no es oficial y no pueden usarla las Administraciones ni los espacios de titularidad pública ni los edificios oficiales. En el caso de las juntas de Girona, Santa Coloma de Farners y Vilanova i la Geltrú no se ha acordado la prohibición, por lo que la entidad ha recurrido ante las juntas electorales provinciales de Barcelona y Girona.

En la resolución de la junta de Granollers, citada por Europa Press, se ordena la inmediata retirada de las esteladas por entender que vulneran el artículo 50 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que “prohíbe a los poderes públicos realizar cualquier acto de campaña” en periodo electoral. Así, la decisión de la junta electoral establece que la retirada de esas banderas tiene que producirse “durante el período de campaña electoral, día de reflexión y día de votación que tendrá lugar el próximo 26 de junio de 2016”, cuando los ciudadanos están convocados a las urnas.

En la resolución de la junta de El Vendrell, se recoge que los Ayuntamientos afectados tienen 48 horas para proceder a la retirada de las banderas independentistas y les advierte de que, si no lo hacen, podrían “incurrir en un delito de desobediencia”. La entidad contraria al soberanismo considera que esta decisión de las juntas es “una victoria del Estado de derecho, un reconocimiento de la separación de poderes y una muestra más de la utilización que los partidos secesionistas pretenden hacer de las instituciones públicas”.