La alcaldesa de Viveiro, en el banquillo acusada de corrupción urbanística

María Loureiro, alcaldesa del Ayuntamiento de Viveiro (Lugo) y exdiputada provincial por el PSOE, se sienta desde este martes en el banquillo acusada de prevaricación urbanística. Loureiro, que se ha dado recientemente de baja en el partido para cumplir el código ético, se mantiene al frente de la alcaldía como independiente a la espera de una absolución que le permita recuperar la militancia y devolver la alcaldía al PSOE.

La regidora comparece ante la Audiencia Provincial de Lugo junto con el resto de ediles socialistas y del BNG integrantes de su junta de gobierno en 2009 . El fiscal pide para todos ellos penas de entre 15 meses y dos años de cárcel, además de ocho meses de inhabilitación, por la concesión de 13 de licencias de obra supuestamente ilegales mediante silencio administrativo entre los años 2006 y 2009. El Ministerio Público reclama además la anulación de todas estas licencias “concedidas de modo ilícito” y la devolución “conjunta y solidariamente” por los acusados de las tasas “cobradas indebidamente” por el Ayuntamiento.

En la causa, abierta tras la denuncia realizada por el exalcalde del PP César Aja, que ejerce la acusación particular, está también acusado el técnico externo que informó las licencias, Manuel Cortón, a quien el Ministerio Público añade un supuesto delito de falsedad documental con lo que eleva para él la petición a cinco años de prisión y seis de inhabilitación para el ejercicio de empleo y cargos públicos.

Junto a la alcaldesa se sientan en el banquillo su concejala de Bienestar Social, Isabel Rodríguez; los exediles socialistas Rafael Fernández Amor y José Luis Docampo, el exprimer teniente de alcalde Francisco Luis Rodriguez Guerreiro, del BNG, y el técnico externo. El exteniente de alcalde se enfrenta a una pena de dos años de cárcel e inhabilitación de 10 años para el ejercicio de empleo o cargo público mientras que el técnico afronta una petición de cinco años de prisión y seis de inhabilitación. Para el resto de los acusados la Fiscalía pide 15 de meses de cárcel e inhabilitación de ocho años para empleo y cargo público.

El fiscal sostiene que el exalcalde de Viveiro fallecido en 2013, el socialista Melchor Roel, creó en 2006 “en connivencia con su socio de gobierno”, Rodríguez Guerreiro, una comisión informativa especial de urbanismo “para estudiar la posibilidad de aplicar el silencio administrativo positivo a las licencias solicitadas con anterioridad”. El Ministerio Público mantiene que los acusados concedieron de esta forma numerosas licencias, 13 de ellas “contrarias al ordenamiento jurídico”.

Rodríguez Guerreiro, el primero en declarar esta mañana, ha mantenido que los permisos de edificación que concedió estaban condicionados a que los promotores presentasen el proyecto de ejecución así como los informes sectoriales. Ha añadido que el silencio administrativo no suponía la ejecución de las obras y que los dirigentes municipales estaban advertidos por los servicios jurídicos de que podrían prevaricar si no optaban por ese silencio.

La alcaldesa, que debe responder judicialmente por dos de las 13 licencias concedidas supuestamente de forma ilegal, ha destacado que cuando se autorizaron las edificaciones ella acababa de llegar a la corporación, por lo que no formaba parte de la comisión especial de urbanismo. Junto a ello ha explicado que la comisión especial de urbanismo, creada para hacer frente a a la avalancha de peticiones, tenía representación de todos los grupos políticos, así como de constructores y técnicos municipales cuyos informes fueron respetados "escrupulosamente".