La justicia obliga a iniciar de cero la Operación Calderón

La sentencia, adelantada por Europa Press y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, anula el plan parcial de reforma interior y la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para el ámbito Mahou-Calderón. El dictamen, fechado el pasado lunes 30 de mayo y contra el que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, da la razón a Ecologistas en Acción en que el plan parcial permite "una edificabilidad general en el ámbito por encima de la prohibición legal de edificar una altura superior a tres plantas más ático".

Así pues, por segunda vez consecutiva, el tribunal anula la Operación Calderón basándose en la Ley regional del Suelo aprobada en 2007 por Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad y ahora portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento. Y en esta ocasión va más allá aún y anula también la modificación puntual sobre la que se asentaba el plan parcial, obligando a rehacer desde cero la Operación Calderón.

Dos planes urbanísticos anulados

El exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón (2003-2011, Partido Popular) firmó un convenio en 2008 con el Atlético de Madrid que comprometía al club a abandonar el estadio Vicente Calderón, junto al río Manzanares, para trasladarse a La Peineta, un campo municipal en desuso en el distrito de San Blas-Canillejas.

El club firmó a su vez un acuerdo con Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) en 2010 para que esta empresa reconstruyera La Peineta a cambio de su parte en los aprovechamientos urbanísticos de los terrenos del Calderón. El nuevo estadio estaba presupuestado en 195 millones de euros, que debían costearse con la venta de 2.000 viviendas construidas junto al Manzanares.

Pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ido tumbando los sucesivos planes urbanísticos aprobados por el Ayuntamiento para hacer posible la construcción de esas viviendas junto al Manzanares. En enero de 2012, los magistrados anularon el primer plan parcial, aprobado por Gallardón en octubre de 2009, al considerar que incumplía la Ley regional del Suelo. La ex presidenta regional Esperanza Aguirre (Partido Popular) había reformado esa norma en 2007 para prohibir la construcción de edificios de más de cuatro alturas; sin embargo, el plan anulado preveía torres de hasta 17 alturas.

El Tribunal Supremo anuló a su vez esa sentencia en octubre de 2014, sin entrar en el fondo de la cuestión, al considerar que no se había dado voz en el proceso judicial a Mahou. Obligó a repetir el juicio, lo que permitió, además de escuchar los argumentos de la cervecera, tomar en consideración los nuevos cambios legales introducidos por el Gobierno regional en la Ley del Suelo precisamente para salvar la Operación Calderón.

La Ley regional del Suelo de Esperanza Aguirre

Aguirre se había negado en todo momento a modificar su ley, pero en septiembre de 2012 dejó la presidencia regional en manos de Ignacio González (PP), que sí aceptó introducir un ligero retoque en abril de 2013 con el que esperaba que la justicia diera luz verde a la Operación Calderón. No fue así. En abril de 2015, el TSJM volvió a emitir sentencia negativa sobre el plan parcial de 2009, basándose de nuevo en el límite de alturas previsto en la Ley del Suelo.

Toda vez que el plan ya había sido anulado una vez, el Ayuntamiento decidió en cualquier caso no esperar a la sentencia definitiva, que ya preveía negativa, y en noviembre de 2014 aprobó un nuevo plan parcial. Preveía la construcción de 1.800 viviendas repartidas en dos rascacielos gemelos de 36 pisos y ocho bloques de entre siete y 22 alturas. Es decir, contaba con que la modificación introducida en la Ley del Suelo permitiera rebasar el límite de cuatro alturas.

No ha sido así: Ecologistas en Acción recurrió el nuevo plan ante el TSJM, que decidió su paralización cautelar hasta dictar sentencia. Y ahora ha decidido tumbar también este plan. Pero no sólo: además, se ha llevado adelante la modificación puntual aprobada en diciembre de 2009, lo que obligará a iniciar la Operación Calderón desde cero.

El TSJM recuerda en su sentencia su anterior fallo de abril de 2015, “meridianamente claro pues expresamente determina que la edificación resultante no puede exceder de tres plantas más ático en todos y cada uno de los puntos del terreno”. Consideran los magistrados que, cuando se aprobó la modificación puntual (2009) ya estaba en vigor la nueva Ley del Suelo (2007), cuyo artículo 39 incumplía en lo referido a la delimitación de alturas. Añade además la sentencia, como motivo para la nulidad de la modificación puntual, “la falta de previsión de vivienda protegida dentro del ámbito”.

Un retraso “previsto”

El gobierno municipal de Manuela Carmena (que tomó posesión en junio de 2015) ya había avisado que no permitiría el desarrollo urbanístico tal y como estaba planteado, de forma que el Atlético y Mahou se sentaron a negociar con el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, un nuevo plan.

Esas negociaciones, que han llevado a un acuerdo que se anunciará en unos días, enterró el proyecto de construir rascacielos. Pero el Ayuntamiento no se ha limitado a redactar un nuevo plan parcial sino que, previendo que la justicia pudiera tomar una decisión como la que efectivamente ha tomado, está redactando una nueva modificación puntual. De esta forma, fuentes municipales indican que la sentencia “no afecta” a sus planes.

El nuevo ordenamiento urbanístico, (que prevé reducir a la mitad las 2.000 viviendas previstas en el aprobado por el Partido Popular) debería estar listo antes del verano, según dichas fuentes. Su objetivo es aprobar al mismo tiempo el plan parcial, como hizo Gallardón, lo que acortaría los plazos. En cualquier caso, será necesaria la máxima colaboración de la Comunidad de Madrid, gobernada por Cristina Cifuentes (Partido Popular).

El Atlético necesita que la venta del suelo le reporte unos 170 millones de euros. Esa es la cantidad (con intereses) que pidió prestada a Carlos Slim, máximo accionista de FCC, para acabar La Peineta. La constructora ha salido de esa obra, presupuestada en más de 200 millones, sin indemnización. El campo (al que se mudará en junio de 2017) se está construyendo ahora pues con los recursos financieros del club.

El Atlético debe devolver el dinero en 2017, una vez pueda vender su parte del suelo (el 45%; otro 45% corresponde a Mahou, y el resto al Ayuntamiento). En caso de que para entonces no haya cerrado la operación, el plazo se extendería hasta julio de 2021. Al Atlético le bastaría con tener aprobada la modificación puntual para realizar la venta, pero cualquier sombra de inseguridad jurídica complicaría la operación o rebajaría su precio.

En cualquier caso, aunque el nuevo plan sea recurrido de nuevo ante la justicia, no tendrá enfrente ya la Ley regional del Suelo, puesto que Cifuentes eliminó el pasado diciembre la limitación de cuatro alturas impuesta por Aguirre, un cambio que llegó tarde para salvar el plan de 2014.