Carmena cierra la oficina antidesahucios porque hay pocos casos

Cuando Ahora Madrid estaba en campaña, la joven coalición (integrada por Podemos, Ganemos, IU, Equo y movimientos sociales y vecinales) presentó las cinco medidas más refrendadas por sus seguidores a la hora de elaborar el programa electoral. La formación se comprometió entonces a “implementarlas en los primeros 100 días de gobierno municipal”. La primera de estas rezaba: “Poner todos los medios y recursos municipales para la paralización de desahucios y desalojos de primera vivienda y garantizar una alternativa habitacional”.

El 13 de junio de 2015, Manuela Carmena fue nombrada alcaldesa de Madrid con el respaldo del grupo municipal socialista. Apenas un mes después, el 15 de julio, empezaba a funcionar la Oficina de Intermediación Hipotecaria. Este organismo municipal intermediaría entre los afectados, los jueces y los acreedores. El día de su inauguración, Marta Higueras, concejal de Servicios Sociales, declaró: “No me molesta que digan que tenemos una fijación con los desahucios, abrimos la oficina para evitar que nadie se quede en la calle; la vivienda es un derecho y trabajaremos para que sea así”.

El local se ubicó en el número 15 de la calle de Fray Luis de León, junto a la sede de la Empresa Municipal de la Vivienda. Cuenta con tres trabajadores sociales y tres administrativos para recibir a las familias afectadas.

A pesar de eso, un año más tarde, el Ayuntamiento se ha dado cuenta de que los afectados por este tipo de desahucios (imposibilidad de pagar la hipoteca y la consecuente pérdida del piso) son pocos y que le llegan más casos de desahucios por alquileres no abonados y por okupaciones. Así que el Consistorio ha tomado la decisión de cerrar el prometido organismo y en su lugar abrir la Oficina de Vivienda de Madrid, que tratará, además de estos casos, alquileres y okupaciones de distinto tipo.

El próximo 31 de agosto acaba, además, el contrato que había suscrito con la oficina notarial Signum, que es la encargada de mediar con los afectados. Su contrato no se renovará. De hecho, en la nueva Oficina de Vivienda no se externalizará ninguna tarea, sino que será directamente el Ayuntamiento el que la llevará a cabo con sus abogados, trabajadores sociales y funcionarios.

“Desahucios por hipotecas hay muchos menos que antes, y muchos de los casos que nos llegan son por okupaciones o desahucios por alquileres”, admite Higueras. “No tiene sentido mantener la Oficina de Intermediación Hipotecaria como está”, continúa la concejal. “Así que abriremos la Oficina de la Vivienda de Madrid, donde seguiremos haciendo intermediación hipotecaria, pero ampliaremos sus actuaciones”.

Higueras adelanta que, tanto en los casos de alquileres como en los de okupaciones, estudiarán la situación social de los afectados. “Veremos si no tienen ingresos y, si los tienen, la cuantía de estos. También valoraremos si tienen hijos a su cargo y si estos están escolarizados, además de otras cuestiones”, señala. “Si cumplen estos requisitos, estudiaremos su situación y les buscaremos una alternativa habitacional. Si no, los echaremos”.

Higueras niega que el Ayuntamiento beneficie a los okupas con esta nueva oficina frente a los ciudadanos que no entran en viviendas que no son de su propiedad. “De ninguna manera”, incide la edil. “La política social la hace el Ayuntamiento, nunca quien le da una patada a una puerta para okupar. Todos aquellos que están okupando deberán llevar viviendo en el piso, como mínimo, un año para que valoremos su situación”, dice.

La primera teniente de alcalde reconoce también que el Ayuntamiento tiene un problema de falta de pisos sociales para albergar a los interesados. “Necesitamos viviendas. Con la venta de patrimonio de la EMVS a fondos buitres que firmó Ana Botella, ahora tenemos pocas”, asevera en referencia a los 1.860 pisos que el Ayuntamiento adjudicó al fondo Blackstone. “Tenemos a 4.000 personas en lista de espera. Y no podemos permitirnos otros dos años a que se terminen de construir”.

Por este motivo, el Ayuntamiento ha decidido comprar viviendas privadas para ofrecerlas después a la ciudadanía necesitada. “En dos o tres semanas lanzaremos los pliegos de condiciones para comprar viviendas y así engordar el parque municipal”, avanza Higueras.

El Ayuntamiento todavía no ha decidido a quién se las va a adquirir. “Yo entiendo que a cualquier ciudadano no le va a interesar vendérnosla, pero a los bancos con mucha cartera de pisos quizá sí”, sostiene.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca aseguraba el pasado enero que la apertura de la llamada Oficina Antidesahucios perjudicaba “a miles de familias desamparadas frente a bancos y cajas”. Y se quejaba de que fuese gestionada por “una corporación notarial, cómplice necesaria en la estafa hipotecaria”.