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Camps y Oltra, citados por el juez para un acto de conciliación

El expresidente denunció por injurias a la 'número dos' de la Generalitat, que no acudirá

El expresidente valenciano Camps, el 16 de mayo en las Cortes Valencianas.
El expresidente valenciano Camps, el 16 de mayo en las Cortes Valencianas.Kai Försterling (EFE)
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El expresidente de la Generalitat Francisco Camps y la número dos del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, han sido citados este lunes por el Juzgado de Instrucción número 16 de Valencia para celebrar el acto de conciliación necesario para poder iniciar un eventual procedimiento judicial centrado en el derecho al honor. Camps demandó a Oltra por injurias y calumnias. Esta ha adelantado que no irá al acto de conciliación y enviará a su abogado.

El que fuera jefe del Consell entre 2003 y 2011 acusó a la vicepresidenta y consejera de Políticas Inclusivas de intentar "menoscabar" su "honor y prestigio". En el marco de una "campaña general" que desde su punto de vista ha sufrido, Camps mantuvo que Oltra le atribuyó actividades delictivas "a sabiendas de la falsedad de dichas imputaciones".

En concreto, Oltra dijo que Camps había utilizado "trajes pagados con dinero sucio", unas prendas "que le sentaban de miedo" pero que se habían pagado con "dinero de los que saqueaban las arcas públicas"; "le sentaban realmente bien, pero lo que había detrás es una trama de corrupción de las más grandes que ha vivido este país", afirmó.

El expresidente consideró que Oltra se estaba refiriendo a los trajes que la trama Gürtel regaló a cargos públicos para ganarse su favor. Unos hechos por los que fueron condenados un vicepresidente de Camps, Víctor Campos, y el que fuera jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret. El expresidente fue, en cambio, absuelto de las mismas acusaciones por un jurado, igual que el ex secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa.

Camps mantuvo que Oltra había atacado por ello sin motivo su honor. Y que la vicepresidenta no podía "quedar exenta de responsabilidad por estos hechos, ya que no puede probar el hecho criminal que está imputando", al haber sido absuelto de recibir los trajes en sentencia firme, después de que el Tribunal Supremo confirmase el primer fallo.

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El acto de conciliación fue inicialmente solicitado por Camps en el Tribunal Superior de Justicia valenciano, atendiendo a la condición de aforada de Oltra, tanto como miembro del Consell como por ser diputada autonómica por Compromís. Pero este órgano judicial rechazó hacerse cargo del trámite.

El juez José Ceres, que fue el instructor de la mayor parte del caso Gürtel en Valencia —salvo precisamente el caso de los trajes, que investigó el magistrado José Flors— respondió a la petición del expresidente recordando que el "acto de conciliación tiene naturaleza voluntaria". Y que por tanto los competentes para realizarlos son los juzgados de Primera Instancia o de lo Mercantil, además de los jueces de paz, al margen de que el objetivo posterior del demandante consista en presentar una querella penal o una demanda civil.

El expresidente recalcó al presentar la denuncia contra Oltra que esta, además de los cargos públicos que ocupa, es desde hace más de una década abogada, por lo que no podía "permanecer ajena a la trascendencia de las graves imputaciones que vierte".

Los enfrentamientos entre Camps y Oltra se han repetido desde que ambos coincidieron en las Cortes Valencianas, cuando la hoy vicepresidenta era diputada de la oposición y el ahora denunciante dirigía el Gobierno valenciano. La también consejera de Políticas Inclusivas afirmó recientemente en una conferencia de prensa que en su opinión Camps debería dimitir como miembro del Consell Jurídic Consultiu —del que forma parte por su condición de expresidente— "y de la vida pública".

Camps está imputado —investigado, según la nueva denominación judicial— por el montaje del Gran Premio de Fórmula 1 de Valencia. No lo está, en cambio, en el caso Taula, donde los indicios que apuntan hacia su posible participación en una presunta trama del 3% vinculada al PP valenciano son insuficientes como para sostener una acusación contra él.

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