El 63% de las denuncias de acoso escolar en la región son infundadas

Desde que se inició el curso el pasado septiembre hasta marzo, se han presentado 360 denuncias por acoso escolar en la Comunidad de Madrid y, según las investigaciones llevadas a cabo por la Consejería de Educación, el 63% de ellas son infundadas.

 Seis de cada 10 denuncias las presentaron los padres, tres los propios colegios o institutos y uno los alumnos o el equipo de orientación del centro. Tan solo un tercio son por acoso de una sola persona. En la mayoría de las ocasiones, las vejaciones son en grupo y el 55% de los agredidos es de sexo masculino.

En este momento se están tramitando 106 reclamaciones y se han resuelto ya 93, la mitad de ellas en el primer mes. El 72% de los casos se concentran en los centros públicos donde se aplica el protocolo antiacoso que ha facilitado la Inspección Educativa.

En mayo de 2015 murió Arantza, de 16 años y cierto retraso madurativo, que era vejada y agredida por un compañero en el instituto Ciudad de Jaén. Los profesionales del multitudinario centro, en el deprimido Orcasitas, denunciaron entonces falta de medios y se avivó el debate sobre el bullying. La investigación determinó que el equipo directivo, que fue expedientado, no había informado a instancias superiores, hecho que este negó.

Este curso el tema del acoso se reavivó tras la muerte en octubre de Diego, un chico de Leganés de 11 años que estudiaba en un centro concertado de la capital. Sus padres acusaron a los niños de la clase de vejaciones, pero dos investigaciones encargadas por Educación concluyeron que estas no habían existido.

La presidenta regional, Cristina Cifuentes, anunció tras reunirse con los padres de Diego que se iban a activar un nuevo plan contra el acoso escolar muy centrado ahora en las redes sociales y los móviles. El programa, que se aplicará de forma progresiva, incluye modificaciones normativas, además de crear un observatorio de convivencia y reforzar la colaboración con las fuerzas de seguridad.

Además, se va a poner en marcha una prueba anónima voluntaria para que los especialistas puedan averiguar si algún menor sufre algún caso de acoso, incluso en el caso de no ser conscientes de serlo.