Una madre traficada: “Quiero que todo el mundo conozca mi historia”

Laura no se quita la chaqueta azul. Tampoco deja el bolso, ni se sienta cómodamente. Aunque lo cuente con monosílabos, a girones, pasando del inglés al español, y se le quede a ratos la boca pastosa, ha tomado una decisión. “Quiero que todo el mundo conozca mi historia”, dice esta mujer, de 29 años, nigeriana. Una juez le ha devuelto la tutela de su hijo, de 9 años, del que lleva separa dos años: el tiempo aproximado que hace que llegó a Barcelona, víctima de trata de seres humanos, y la Generalitat declaró el desamparo del menor.

La historia casi siempre empieza igual: amigos de amigos de amigos se acercaron a Laura y le ofrecieron El Dorado: viajar a España. Fueron seis años de desiertos, noches al raso y paradas intermedias. “No fue algo bueno. Iba con desconocidos, algunas veces caminábamos, otras cogíamos furgonetas… Comíamos poco, y como mucho pan, galletas o leche”, resume. Si se le pregunta si padeció abusos durante el viaje, lo zanja con un “sí”. Cuando llegó a Marruecos, la pusieron a ejercer la prostitución, a la espera de cruzar el Estrecho. “No tuve ninguna oportunidad de decir que no”.

Laura no quiso dejar fuera su hijo de su aventura, que en ningún caso le habían explicado que pasaría por la explotación sexual. Cuando llegó a Andalucía, la Cruz Roja fue la primera en tratar de corroborar el parentesco entre ella y el menor, tanto por la actitud de una madre desconfiada y temerosa, como por la carencia de documentos que lo acreditasen. Una situación que se repitió en Cataluña.

En noviembre de 2012, la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA) le retiró provisionalmente la custodia porque apreció declaraciones contradictorias de la madre sobre datos del menor, e incluso cuestionó los vínculos afectivos. En 2016, declaró definitivamente el desamparo. Se tuvo en cuenta “la posible vinculación de la madre a una red de explotación sexual”, la situación administrativa irregular, la falta de información y los déficits en el cuidado del niño, entre otros, según recoge la sentencia.

Laura por entonces había pasado dos meses enteros sin ver a su hijo. Poco a poco, logró visitarlo una vez cada 15 días, hasta llegar a un encuentro semanal. La declaración definitiva de la DGAIA llevaba aparejada el acogimiento en familia ajena, lo que suponía interrumpir esas visitas de madre e hijo para facilitar la adaptación del menor a su nuevo hogar.

“En muchos casos, juega en contra que la persona sea víctima de trata de seres humanos. Es un escenario muy complejo. Pero una situación de riesgo no tiene por qué conllevar el desamparo”, critica Sandra Camacho, abogada de la ONG Sicar, que ayudó a Laura a defender en los juzgados su derecho a la tutela, junto con el abogado Albert Parés. “¿Dónde está el derecho a vivir en familia? Si se hubiese estudiado a fondo, con declarar una situación de riesgo hubiese sido suficiente”, lamenta Parés.

Ambos critican que la DGAIA utiliza la brocha gorda en los casos de trata, y actúa de manera estandarizada, retirando al primer indicio la tutela, sin tener en cuenta las necesidades de esas madres. “Para nosotros la prioridad es el bienestar del menor”, argumenta Joan Mayoral, subdirector general de la DGAIA. Algo que Parés ve como una “excusa” para no actuar de manera correcta.

Mayoral admite que la DGAIA no tiene identificada la trata como un ítem en su sistema de información, lo que impide establecer estadísticas fiables. “Pero de los 15.000 expedientes abiertos en la actualidad, solo ocho o nueve son de víctimas de trata menores de edad o de hijas de víctima”, dice. Y señala que a pesar de los entre 1.500 y 1.800 casos de desamparo que dictan al año, “el porcentaje de revocación es muy bajo”.

En teoría, la prostitución no es causa de desamparo. Tampoco ser víctima de trata. Pero los prejuicios sobre una mujer, negra y explotada sexualmente caen como una losa, cuenta Teresa Fernández, de la asociación de derechos humanos Women´s Link. “Las mujeres que llegan tratadas desde Nigeria tienen una nula autonomía reproductiva. Las decisiones sobre salud sexual y reproductiva son de los tratantes”, señala. Tanto ella como Parés y Camacho coinciden en que “hay que analizar la situación desde una perspectiva de los derechos humanos, dejar de lado los prejuicios y estereotipos de qué es ser una buena madre, y dotarlas de una posibilidad de salir de la red, pudiendo acceder a un trabajo y a recursos psicológicos de todo tipo”.

Laura está irregular en España. Después de decidir que no quería seguir prostituyéndose y negarse a pagar la deuda a sus explotadores, algo que la somete a ella y a su familia a amenazas constantes, ha hecho cursos como empleada del hogar, y toma clases de castellano y de catalán. Sicar la está ayudando en la tramitación de los permisos de residencia. Pero Laura no ha vuelto a trabajar, un elemento que puede poner en peligro esa recuperación de la tutela, que no es inmediata. Durante tres meses, madre e hijo se van a someter a un proceso, controlado, de adaptación.

“Tengo miedo por los documentos y tengo miedo de la policía”, admite esta mujer joven, con pelo negrísimo que hace que luzcan más blancos sus pendientes de perla. “Mucha gente no sabe por qué la gente viene a Europa, espero que al leer mi historia, lo entiendan, que entiendan el sufrimiento que supone”, dice. España no es lo que ella imaginaba. Aquí ha sido explotada sexualmente, maltratada, separada de su hijo… Ha tenido miedo de la policía y ha desconfiado hasta de su sombra, hasta que poco a poco, y con muchísima ayuda no gubernamental, ha empezado a salir de la red. Y aun así, considera que “está bien” si compara su vida con la que tenía en Nigeria. Su consejo para quien quiera seguir sus pasos es claro: “Europa no es fácil, take it easy [tómatelo con calma]”.