El personal del Canal no para de rotar porque el 25% es temporal

Fuentes del Canal confirman el incremento de contratos temporales en los últimos años y lo justifican por la “prohibición que existe de realizar contratos indefinidos según la normativa vigente”. Canal Gestión, continúan, cuenta con un procedimiento de selección de los empleados fijos. Son convocatorias que se publican en su página web, donde se puede acceder a las bases del concurso. Las pruebas son corregidas por un tribunal compuesto por tres profesionales de la empresa.  Este año salen a concurso oposición 162 plazas. Unas pruebas que, según Comisiones Obreras y UGT, no cumplen las garantías de transparencia. “No se publican listas de admitidos ni excluidos y el comité no participa en ellas", indican.

Los representantes sindicales de la compañía señalan que la gran cantidad de temporales contratados ha provocado una gran precariedad laboral, con unos sueldos mileuristas que pueden llegar a ser hasta el 50 % más bajos que los percibidos por los empleados fijos, que han superado una oposición. “Se les forma, y cuando ya están preparados, se les despide, porque están en prácticas y así está estipulado en la ley”, añaden.

Según sus datos, de 2012 a 2016 se ha producido una rotación de alrededor de 1.500 personas en la empresa, que Esperanza Aguirre pretendía privatizar. El nuevo Ejecutivo regional, presidido por Cristina Cifuentes, se ha comprometido a mantener la titularidad pública 100 % de la sociedad (participada en 82,4 % por el ente público Canal de Isabel II y el 17,6 % restante por los 111 municipios presentes en el accionariado).

No se tiene en cuenta, añaden, que muchos de los trabajos que se llevan a cabo en las instalaciones de la compañía son muy especializados. “Cuando empiezas a funcionar, te ponen en la calle, no tiene ningún sentido”, mantienen los sindicalistas. Ponen como ejemplo la planta potabilizadora de Valmayor, de referencia en Europa, en la que, aseguran, el 99 % de los trabajadores son temporales. Esperanza Aguirre inauguró esta planta en 2012, tras cuatro años de obras en las que el Canal invirtió 60 millones de euros. Los sindicatos aclaran que no están en contra de este tipo de acuerdo laboral, “pero no en las proporciones en las que se está dando en la actualidad”.

Los sindicatos opinan que los problemas que existen en la contratación se resolverían si recuperaran el convenio colectivo que perdieron cuando la Comunidad de Madrid creó la nueva sociedad Canal de Isabel II Gestión en 2012. "Utilizando el cambio jurídico como argumento", se deja sin vigencia el XVIII convenio de empresa y se les aplica el de ámbito estatal, señalan los socialistas madrileños en una proposición no de ley que han registrado en la Asamblea de Madrid pidiendo que se abra un proceso de negociación colectiva con los trabajadores.

El presidente de la compañía y consejero de Presidencia, Ángel Garrido, anunció en la Junta General de Accionistas que se celebró el pasado 27 de abril "el establecimiento de un diálogo que culmine en un convenio propio", que permita canalizar las relaciones laborales de todos los empleados de la empresa.