Los vecinos de Sarria piden ayuda para pagar 16.700 euros en multas

La defensa del corazón verde de Sarria cuesta 16.709 euros en multas a los vecinos que se movilizaron hace dos años para frenar las obras de encauzamiento del río promovidas por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Salvaron la inmensa mayoría de los 178 árboles del Malecón sentenciados para la tala, y también la isla fluvial de O Toleiro y los elementos más valiosos de uno de los puentes. Pero a cambio fueron recibiendo en sucesivas oleadas notificaciones de multas por desórdenes calificados como "graves" por la Subdelegación del Gobierno en Lugo, que ahora son definitivas y ascienden a esa cantidad.

Los 34 sancionados pagaron en el primer trimestre de este año 8.000 euros "gracias a las donaciones de vecinos, amigos, compañeros, familiares y asociaciones", pero al resto de la suma deben hacerle frente "en los próximos días" para que no se les "embarguen las nóminas o cuentas, con recargo de apremio e intereses de demora". La Plataforma Sarriana polo Río, que aglutinó durante este tiempo a vecinos de toda ideología política dispuestos a salvar su paisaje vital, formado por uno de los mejores y más saludables conjuntos de alisos del territorio gallego, ha hecho esta tarde un "llamamiento urgente" en busca de ayuda económica para superar "esta nueva embestida del Gobierno". La resistencia vecinal acabó llevando a los tribunales a los responsables de la drástica obra de encauzamiento que, según denunció la plataforma, pretendía arrasar con parte del patrimonio local, y el juzgado instructor terminó imputando, entre otros cinco, el año pasado, al presidente de la Confederación Hidrográfica puesto por el PP. En un auto reciente, el mismo juzgado acordó la desimputación de Francisco Marín, pero la Plataforma Sarriana polo Río explica que ha recurrido la decisión en la Audiencia Provincial.

Los vecinos consideran estas multas como una forma más de la represión y las coacciones a las que se ven sometidos por parte de la Administración. Los hechos por los que fueron sancionados, explicaban cuando empezaron a recibir las multas los miembros de la plataforma, fueron una concentración espontánea para la que no pidieron permiso; la disolución de la acampada pacífica en defensa de la isla; el intento de cuatro mujeres de evitar una tala que dos horas después ordenaba también paralizar el juzgado; o el cruce del río con lanchas hinchables infantiles para llegar a O Toleiro. La Subdelegación califica de "grave" ese desembarco y considera, según explican los vecinos, que paralizó por unas horas las obras de demolición y sustitución del puente que lleva al islote. Según los miembros del colectivo cívico, los operarios, aquel día, pararon porque "tal y como reconoció la empresa adjudicataria en el procedimiento judicial, se había averiado la grúa". Y lo único que pretendían los vecinos era "evitar riesgos como los vertidos" que luego fueron también motivo de sanción.