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La Fiscalía denuncia al responsable de 30 años de la Feria de Sevilla

Investigado el exdelegado de Fiestas por delitos de cohecho y malversación

Vecinas de Sevilla, junto a la portada de la Feria.
Vecinas de Sevilla, junto a la portada de la Feria. EFE

La Fiscalía de Sevilla ha denunciado este martes al responsable durante 30 años del montaje de la Feria de Abril de la ciudad, Rafael Carretero, al que las empresas beneficiadas, entre otras irregularidades, le habrían pagado obras particulares en su casa así como el vino que se consumía en su caseta.

En la denuncia, la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, imputa a Rafael Carretero los presuntos delitos de cohecho y malversación, lo que hace extensivo a los responsables de las empresas Ferrovial-Agroman; de la Unión Temporal de Empresas RMD & Coyma Fiestas, de Alquileres Quitasol SL. y de A.E.M. Vázquez SL.

La iniciativa de la Fiscalía se produce tras la denuncia de un arquitecto técnico de la Delegación de Fiestas Mayores por los contratos relacionados con la Feria de 2014 y 2015, en los que constató numerosas discrepancias entre las obras y servicios previstos y lo realmente ejecutado en cada uno de ellos.

Las discrepancias se referían al abono de trabajos no realizados, a duplicidad en el abono de un mismo trabajo, a trabajos no justificados y a otros hechos por operarios sin titulación.

El Grupo Especial de Policía Local (Gepol) de Sevilla investigó durante el último año las denuncias presentadas y entregó un informe a la Fiscalía que ha servido de base para la denuncia presentada contra las empresas y Carretero, que es responsable de la sección técnica de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla.

El dinero que ha sido aparentemente gestionado al margen de la normativa supondría una desviación del 2,5 % en las cuantías de los expedientes, y teniendo en cuenta que el montante contratado supera los 3.000.000 euros al año, se trataría de 75.000 euros aproximadamente, según recoge el informe de la Intervención municipal.

Esta cuantía "podría ser perfectamente extrapolable a los años anteriores dado el carácter repetitivo de los expedientes y coincidencia en las cuantías de las certificaciones", añade Intervención antes de advertir del "carácter mínimo de este cálculo, ya que presupone que la cuantía posiblemente es mayor".

La Fiscalía subraya que todos los años las empresas beneficiadas por la ejecución de estas contrataciones realizaban servicios gratuitos para Carretero como contraprestación a su intervención, en la que "asumía la regularidad de todas las facturaciones presentadas sin objetar volúmenes o duplicidades ni controlar la ejecución".

Así, la empresa Ferrovial le hizo en su casa trabajos de pintura, carpintería y de electricidad, así como cambio de mobiliario, trabajos de poda, limpieza, mantenimiento y pintura de piscina.

La empresa le hizo también los trabajos de montaje y desmontaje de su caseta en la Feria, a la que trasladaban los "enseres más singulares para ornato", y "asumía el suministro de cajas de vino (manzanilla) durante todos los días" de la fiesta.

Además, "no consta" que Carretero pagara a la empresa de toldos Quitasol el montaje de su caseta ni los trabajos hechos por AEM Vázquez por importe de 1.272,92 euros, mientras que la empresa Remsa le suministró gratis, mediante contrato al Ayuntamiento, alrededor de 50 módulos prefabricados de aseos, según la denuncia.

Respecto al servicio de vigilancia, en vez de un patrullero con dos vigilantes para inspeccionar los terrenos de la Feria, se aceptaban menos horas a cambio de que la empresa de seguridad aportara un vigilante a su caseta particular durante tres semanas, "a cargo naturalmente del presupuesto municipal", indica la fiscal.

La empresa de seguridad también ponía a disposición de Carretero, "para su uso indiscriminado y sin gasto alguno", un coche sin distintivos y un conductor tanto para él como para miembros de su familia durante dos semanas.

En la memoria justificativa del contrato de 2014, Carretero la firma el 31 de noviembre de 2014 "pese a tratarse de un día inexistente pues noviembre tiene 30 días", una demora que, además, "inutiliza todo el control a posteriori", concluye Fiscalía.