El Supremo anula 14 años después el permiso a la regasificadora de Ferrol

El Tribunal Supremo ha dado 14 años después la razón a los vecinos del pequeño municipio coruñés de Mugardos en uno de los grandes frentes de su intensa batalla judicial contra la planta de gas de Reganosa que los gobiernos de José María Aznar y Manuel Fraga impulsaron junto a sus viviendas. La sentencia de la Sala III del alto tribunal ha anulado la autorización que el Ejecutivo de Aznar otorgó a los promotores de la regasificadora, una empresa en la que aún participa la Xunta de Galicia. El fallo estima el recurso de la Plataforma de Vecinos O Cruceiro de Mehá y anula la resolución que dictó el 3 de junio de 2002 la Dirección General de Política Energética, confirmada por el Subsecretario de Economía el 6 de noviembre de 2003.

El Supremo revoca una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y dictamina que el Gobierno de Aznar vulneró el artículo 67 de la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos, ya que cuando otorgó la autorización al complejo “no existía una ordenación urbanística a la que pudiera considerarse acomodado”. De hecho, la Administración intentó regularizar urbanísticamente la planta de gas posteriormente y no le fue nada fácil.

Siete meses después de que Reganosa obtuviese el permiso para levantar la regasificadora, el 31 de enero de 2003, el Ayuntamiento de Mugardos aprobó una modificación del Plan General de Mugardos, pero estos cambios fueron declarados nulos por el propio Supremo en mayo de 2012. Al mes siguiente fue el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo el que aprobó una orden con otra modificación puntual del plan urbanístico del municipio, una resolución que fue recurrida en los tribunales por los vecinos aunque sin éxito.

El Supremo esgrime que esta legalización posterior no impide anular la autorización que la Administración le dio a la planta en 2002 y que dio vía libre a su polémica construcción en la ría de Ferrol, muy cerca de las viviendas y al pie de una angosta ensenada por la que deben navegar los gaseros. “Se trata de hechos posteriores a la presentación de la solicitud y a la resolución administrativa que otorgó la autorización, y posteriores también a la sentencia recurrida”, señala la sentencia. El alto tribunal sí cree que “tales hechos sobrevenidos” deberán ser tenidos en cuenta cuando se presente una nueva solicitud de autorización para la planta, “que habrá de ser examinada atendiendo a los datos concurrentes y al régimen jurídico existente en el momento de su presentación”.

Reganosa ha restado importancia a la sentencia. La compañía afirma que la anulación del permiso se produce por "una cuestión formal y no de fondo" en la que ya trabaja para resolverla.  Según afirma la propietaria de la planta en un comunicado, el Supremo "reconoce que Reganosa ha procedido correctamente en seguridad y medio ambiente", los otros dos aspectos además del urbanístico que censuraban los vecinos en su recurso.

La planta de gas de Mugardos fue impulsada por una alianza entre la Xunta de Manuel Fraga y empresarios gallegos como Roberto Tojeiro, fundador de Gadisa. El Gobierno gallego ha sido accionista de Reganosa desde sus comienzos y recientemente ha ampliado su participación en la empresa al 24,3% con una inyección de nueve millones. La sentencia que anula la autorización de la planta llega cuando la compañía proyecta una ampliación de las instalaciones.