El Ayuntamiento negocia con Mapfre para blindar el futuro de la funeraria 100% pública
En la actualidad, Mapfre garantiza el 9,2% de los ingresos de la funeraria, y la futura sociedad pública solo podría soportar una caída del 11% sin que peligre su viabilidad
La municipalización de la funeraria, que el Ayuntamiento de Madrid llevará cabo en septiembre, implica la salida del accionariado de Mapfre (49% del capital). El gobierno local negocia con la aseguradora para que el divorcio no le prive del 9,2% de sus ingresos, que ahora provienen de Mapfre. El Ayuntamiento calcula que la viabilidad de la nueva empresa depende de que no pierda más del 11% de ingresos al convertirse en 100% pública. Pero no cederá a la petición de Mapfre de quedarse la mitad del patrimonio de la funeraria (53,8 millones).
El Ayuntamiento anunció hace cinco meses su intención de convertir la Empresa Mixta de Servicios Funerarios en una sociedad 100% pública el próximo 15 de septiembre. Es entonces cuando expira la empresa público-privada creada en 1993 por el entonces alcalde, José María Álvarez del Manzano (Partido Popular), y en la que el Ayuntamiento mantiene el 51% del capital; el resto está en manos de Funespaña, controlada por la aseguradora Mapfre.
En un estudio “de sostenibilidad y rentabilidad” aprobado el pasado 16 de marzo, el Ayuntamiento justifica que el modelo de gestión íntegramente público es “más sostenible y eficiente”.
La nueva empresa contará así “con los mismos medios personales y materiales”, pues se subrogará a los 529 trabajadores y “se prevé la reversión de todos sus activos al Ayuntamiento”. Mapfre solicitó verbalmente el 49% del patrimonio neto de la sociedad mixta, que la memoria cifra en 53,8 millones de euros.
Sin embargo, fuentes de la Concejalía de Hacienda, que dirige Carlos Sánchez Mato, han dejado claro que harán cumplir los estatutos de la sociedad, porque lo contrario sería “prevaricar”. En ellos se especifica que, al extinguirse la sociedad mixta, “todos sus activos y pasivo revertirán al Ayuntamiento, careciendo el resto de accionistas del derecho a participar en la cuota de liquidación”. Así, las negociaciones en curso con Mapfre se refieren al traspaso de poderes, pero no a cuestiones económicas. Sin embargo, esas mismas fuentes dan por seguro que la aseguradora acudirá a los tribunales para hacer valer sus reclamaciones.
Uno de los argumentos de peso del Ayuntamiento pasa por el informe elaborado en febrero en el que denuncia que los cementerios municipales precisan de 23,8 millones de inversión “para devolverles las condiciones de habitabilidad, seguridad y servicio que requieren este tipo de recintos”.
El gobierno local denunciaba así que parte del patrimonio que Mapfre pide que se reparta se acumuló gracias a la falta de inversión en unos cementerios que, en algunos casos (La Almudena tiene cientos de lápidas destrozadas), se están cayendo a pedazos.
La postura con Mapfre es clave porque el sector funerario en Madrid tiene “pocos operadores” y “la demanda está muy concentrada en grandes aseguradoras”.
La empresa mixta tiene cuatro grandes competidores, pero mantiene una cuota de mercado del 44% en servicios funerarios (tras una “reducción importante” en los últimos 10 años). Los servicios fúnebres suponen el 50,7% de su volumen de negocio.
El Ayuntamiento prevé que la municipalización de la empresa suponga un aumento de los ingresos públicos (en 2015 logró un EBITDA de 1,8 millones, pero el 20% se lo quedó el socio privado), porque además dejará de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles y tendrá una bonificación del 99% en el Impuesto sobre Sociedades.
Los gastos de personal (144 empleados de cementerios y 115 de servicios funerarios) son “muy superiores” al del resto de competidores pese al “fuerte ajuste de plantilla” de los últimos años; suponen el 60% de los costes. Así, sus cuatro grandes competidores registran beneficios superiores.
Pero, con todo, la empresa “producirá beneficios de manera recurrente” “si es capaz de mantener su cuota de mercado”.
La demanda no fluctúa demasiado (hay 25.000 fallecimientos al año), pero “prácticamente la mitad se canaliza a través de aseguradoras” y “cualquier alteración por parte de alguna de éstas puede tener un efecto significativo sobre la cuota de mercado y la sostenibilidad financiera” de la empresa. En concreto, la sociedad mixta recibe actualmente el 9,2% de sus ingresos gracias a Mapfre. Según la memoria, “no parece probable” que la salida de esta aseguradora del accionariado “vaya a suponer un riesgo de caída de la demanda”, pero “existe el riesgo de que prescinda total o parcialmente de los servicios”.
Guerra de precios
A este respecto, la memoria ve “razonable suponer que las aseguradoras no deseen que una de las principales empresas del sector vea comprometida su viabilidad y pueda verse abocada a una estrategia de bajada de precios para atraer demanda”, lo que, añade, “presionaría a las aseguradoras a revisar a la baja sus pólizas”.
La caída máxima de ingresos que la empresa pública podría encajar es del 11%; a partir de ahí, podría sobrevivir de su patrimonio hasta 2020, fecha en la que “no tendría liquidez suficiente para afrontar sus gastos operativos”. Con los ingresos actuales (unos 50 millones), la empresa “es viable y rentable”. Así, concluye la memoria, puede “gestionar su cambio de titularidad sin impacto negativo si se garantiza una continuidad al menos inicialmente de sus medios”.
La empresa tendría pocas opciones para contrarrestar una caída de ingresos derivada de la marcha de Mapfre. Bajar las tarifas sería “arriesgado” porque podría degenerar en una guerra de tarifas que “erosionara la rentabilidad del sector”. La memoria apuesta, por último, por rebajar el plazo de las unidades de enterramiento de 99 a 75 años.
