Junts pel Sí decide hoy si desobedece al Tribunal Constitucional

El grupo parlamentario de Junts pel Sí, con mayoría en la Mesa del Parlament, decidirá hoy si tramita o rechaza una moción de la CUP en la que se reclama abiertamente la “vigencia” de la declaración soberanista del 9 de noviembre que anuló el Tribunal Constitucional y se insta a incumplir el contenido de esa sentencia. La propuesta ha abierto un nuevo frente de disputa entre la formación anticapitalista y la coalición de la que forman parte Esquerra y CDC, que ayer acusó a la CUP de buscar “discusiones ridículas”.

Francesc Homs, portavoz de Democràcia i Llibertat en el Congreso y dirigente de Convergència, cargó ayer contra la formación anticapitalista por la moción. “Cuando la CUP hace esto, ¿busca convencer a gente que no está convencida o busca poner en contradicción a los que ya estamos convencidos? ¿A qué responde esto? ¿Qué sentido estratégico tiene?”, se preguntó el político catalán.

En su opinión, la moción solo pretende “discusiones ridículas entre independentistas”, por lo que añadió que el texto “no va a ninguna parte y empiezan [la CUP] a marcar distancias para cargarle el muerto al otro” si no prospera el proceso soberanista.Por eso, Homs reclamó a los anticapitalistas que se centren en ensanchar la base del independentismo en lugar de presentar esas mociones. “¿Cada semana tenemos que votar que estamos convencidos? Me parece que roza el ridículo”, aseguró.

Las declaraciones de Homs, con el que siempre ha marcado distancia Esquerra Republicana, son un episodio más del desencuentro que viven Junts pel Sí y la CUP, pese a tener firmado un pacto de legislatura que facilitó la investidura de Carles Puigdemont el 10 de enero. En poco más de dos meses han aflorado las discrepancias en el Parlament y los anticapitalistas incluso les han hecho perder ya alguna votación. Ocurrió en la reclamación para que la empresa Aigües Ter Llobregat, privatizada por el Gobierno de Artur Mas, volviera a manos públicas. En otros casos, la CUP se ha alineado con la oposición, aunque perdiera la votación, como en la retirada de las subvenciones a los colegios que segregan por sexos. Y tampoco han faltado votaciones en que Esquerra ha votado distinto de Convergència, como en la petición de derogar la reforma laboral.

Sin embargo, en la estrategia para “desconectar” de España Junts pel Sí y la CUP habían ido de la mano, pero los anticapitalistas pretenden ahora dar una vuelta de tuerca más en su desafío al Estado y sus instituciones.

De ahí el texto de la moción en la que se pide también que se “desatiendan” los requerimientos de la Audiencia Nacional a los Ayuntamientos investigados por apoyar la declaración del 9-N y que los Mossos d’Esquadra no actúen como policía judicial para facilitar la tramitación de esas causas. En otro apartado se reclama a la Generalitat que en el plazo de un mes presente un plan de ruptura, que es lo que ya se decía en la declaración anulada, y se pide que en los Presupuestos de la Generalitat que se están redactando se habilite una partida para la desconexión.

El Gobierno de la Generalitat acusó a los anticapitalistas hace una semana de “gesticulación excesiva” en el proceso soberanista, pero más allá de las declaraciones, Junts pel Sí deberá decidir hoy si tramita la moción. El momento no puede ser más inoportuno para el Ejecutivo de Carles Puigdemont, pues el Tribunal Constitucional está pendiente de decidir cómo ejecuta su sentencia que la CUP reclama que se incumpla. El origen de esta decisión es el recurso del Gobierno del PP a raíz de la creación de la comisión de estudio del proceso constituyente.

La diputada de la CUP Anna Gabriel declinó ayer valorar las críticas de Homs y hacer cualquier comentario en espera de lo reunión de la Mesa del Parlament, de la que forma parte con voz pero sin voto, como el PP.