Internacionalismo de campanario

El reciente desarrollo del 42º congreso confederal de la Unión General de Trabajadores y el relevo producido en su vértice nos ofrecen algunas lecciones interesantes acerca del papel que juega hoy en la vida pública española —y no sólo en la vida política— la cuestión catalana. Durante la primera jornada congresual, el miércoles 9, formalizaba su despedida tras 22 años de mandato el secretario general saliente, Cándido Méndez. Era una ocasión que ni pintada para ejercer la autocrítica: sobre la implicación del sindicato en el escándalo de los ERE de Andalucía; sobre el asunto de las tarjetas black de los consejeros ugetistas de Caja Madrid; sobre el imparable descenso del número de afiliados; sobre el sorprendente patrimonio del líder de SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa, aquel sempiterno héroe —puño en alto y pañuelo rojo al cuello— de la fiesta minera de Rodiezmo...

Pero no. En vez de eso el señor Méndez —empeñado, como tantos líderes, en controlar su propia sucesión— se dedicó a boicotear las aspiraciones de uno de los candidatos a reemplazarle, el secretario general de UGT-Cataluña, Josep Maria Álvarez. Álvarez, un asturiano-catalán bilingüe por voluntad propia, ejemplo conspicuo de ese carácter excluyente, etnicista y talibán que tantos ilustres predicadores imputan al catalanismo...

¿Y cómo se las ingenió Méndez para descalificar al aspirante no deseado? Pues criticando el llamado derecho a decidir —atributo exclusivo, según él, del “conjunto del pueblo trabajador español”— y haciendo la apología de la Constitución, cabe suponer que incluido su artículo 135, aquel que tras la reforma de 2011 consagra la estabilidad presupuestaria, o sea el déficit cero, o sea los recortes sociales. Como aquellos malos actores del primer tercio del siglo XIX que, cuando el público comenzaba a abuchearles, gritaban “¡viva Fernando VII!” para asegurarse el aplauso fácil, Cándido Méndez esquivó las críticas gritando “¡viva la Constitución!”. Lo cual plantea, a propósito de Pepe Álvarez, una curiosa paradoja.

Cuando, dos años atrás, él mismo, su colega de Comisiones Obreras, Joan Carles Gallego, y la entonces presidenta de Òmnium Cultural, Muriel Casals, solemnizaron con una foto en el barcelonés Parc de les Tres Xemeneies el apoyo del mundo del trabajo al derecho de la sociedad catalana a votar sobre su futuro status político, hubo aquí quien tachó a los dos sindicalistas de traidores a su clase. El otro día, en Madrid, hubo quien insinuó que Álvarez era un traidor a su patria.

Pero, ¿acaso tienen patria, los obreros? No teman, no incurriré en la osadía de responder a una cuestión tan clásica, que hunde sus raíces en los orígenes mismos del obrerismo europeo del siglo XIX. Sí voy a permitirme, en cambio, subrayar de qué singular manera, al sur de los Pirineos, el primigenio internacionalismo sindical se ha transformado a menudo en españolismo puro y duro. De entrada, las patrias, las fronteras, las banderas, las constituciones... eran argucias burguesas para dividir a los trabajadores y enfrentarlos entre sí, ya fuese con las armas en la mano o mediante condiciones salariales y laborales a la baja.

Sin embargo, gradualmente e incluso a contracorriente de la construcción europea, buena parte de las cúpulas sindicales hispanas ha terminado por sacralizar el statu quo político y abrazar su defensa con tanto o más fervor que los partidos. No hay que levantar nuevas fronteras, pero las que existen son sagradas e intocables. No hay que dividir a la clase obrera, pero “el pueblo trabajador español” es el único sujeto social posible; por debajo de eso, sería el caos, y por encima, una entelequia. No hay que discriminar entre orígenes geográficos, pero Pepe Álvarez ha declarado que, durante el congreso ugetista, “sintió la catalanofobia”. Si creen que exagero, examinen los posicionamientos ideológicos y políticos del anterior líder estatal de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, desde que abandonó el cargo sindical en 2008: entre el cortejo con UPyD y el idilio con Aznar, siempre por España.

Afortunadamente, el espantajo del derecho a decidir no impidió, la madrugada del pasado sábado, la ajustada elección de Josep Maria Álvarez como nuevo secretario general de la UGT española. Resulta reconfortante que al menos el 51,08% de los delegados fuesen refractarios a las dudas proyectadas sobre un aspirante sospechoso de "soberanismo", y le deseo —se lo dije personalmente el lunes— los mayores éxitos. Pero temo que no le será fácil poder volver a hablar del derecho a decidir.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.