El exjefe de Aduanas implicado en un fraude alega que estaba infiltrado

El exjefe provincial de Pontevedra del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) José Carrón González ha negado este lunes ante el tribunal que le juzga como cooperador necesario en la comisión de un fraude de gasóleo de 15,4 millones por parte de la firma estradense Carburantes Acibro, SL que pasara información privilegiada a la compañía. El responsable de Aduanas ha desvelado que lo que en realidad hacía eran “labores de infiltrado” en el contexto de una investigación.

Carrón ha alegado en el juicio que simulaba cierta connivencia con los acusados a los que trataba de engañar para obtener información sobre la venta de gasóleo a bajo precio que estaba realizando a una empresa petrolera a nivel nacional. Ha dicho que su detención le produjo un “estado de shock” que le impidió explicar en el juzgado cuál era su verdadera participación en los hechos y ha admitido que fue su entonces jefe regional el que le anunció que le iban a detener.

El acusado y otro funcionario de Aduanas, José Ángel Corcoba, se enfrentan a condenas que suman 25 años de prisión por hechos que se juzgan 15 años después de comenzar la instrucción. Ambos niegan todas las acusaciones del ministerio fiscal que llegó a acuerdos de conformidad con 17 de los 23 acusados en este proceso, aunque uno ya falleció y otro fue declarado en rebeldía.

Como agente de investigación del SVA, Corcoba se encargaba de inspeccionar las empresas investigadas, pero también ha negado que hubiese alertado a las empresas implicadas o que tuviese algún tipo de relación más allá de la profesional con los empresarios implicados.

La Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra ha retomado así el que iba a ser un macrojuicio que tras años de demoras judiciales y aplazamientos se sigue ahora contra cuatro acusados que renunciaron al acuerdo con la fiscalía. Los otros dos procesados son los hermanos Jesús Ángel y Juan Castro García, responsables de Carburantes Acibro que también se declararon inocentes.

Ambos se enfrentan a penas que suman 28 años de prisión por seis delitos fiscales y de falsedad documental, además de las multas derivadas del fraude a Hacienda, aunque las anormales dilaciones del proceso obligarán al fiscal a cambiar su escrito de conclusiones para reducir considerablemente la cuantía de las condenas para los cuatro acusados.

Los hechos se remontan a 1998 y 2000 cuando se despapó la venta fraudulenta de gasóleo por más de 20 millones de euros que salpicó a otra empresa, Depósitos de Galicia, por el desvío de gasóleo B, del denominado régimen fiscal suspensivo, procedente del depósito fiscal de Forestal del Atlántico, en Mugardos (A Coruña), y a diversas sociedades radicadas en Portugal para comercializarlo después en Galicia como gasóleo A, exento de impuestos especiales y del IVA.