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La Audiencia Nacional estudia citar a un concejal de Vic por sedición

La fiscalía solicita que se le investigue por su defensa de la declaración del 9-N en un pleno

Facahada del Ayuntamiento de Vic al que pertenece el concejal investigado.
Facahada del Ayuntamiento de Vic al que pertenece el concejal investigado.

El juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite una denuncia de la Plataforma Vigatana, que lidera Josep Anglada, contra Joan Coma, concejal de la CUP en el Ayuntamiento de Vic (Barcelona). El partido, conocido por su discurso xenófobo, denuncia a Coma por haber cometido dos presuntos delitos durante su intervención en el pleno en el que este consistorio aprobó dar apoyo a la declaración independentista del 9-N aprobada en el Parlament y suspendida por el Tribunal Constitucional.

Según el auto que la Audiencia ha remitido al Ayuntamiento de Vic, a Coma se le acusa de dos presuntos delitos de “rebelión” y de “sedición”, ambos penados por el Código Penal. Ahora, el juez Ismael Moreno tiene que estudiar si le cita en calidad de investigado para declarar. El concejal manifestó en el pleno del pasado 9 de diciembre de 2015 el apoyo de su grupo a la moción presentada junto a CiU y ERC en la que se hacía público el amparo del consistorio a la resolución secesionista que sacaron adelante Junts pel Sí y la CUP el 9 de noviembre.

Coma ha asegurado a EL PAÍS que esto es una "campaña global de caza de brujas de independentistas" por parte del Estado y ha confirmado que no ha recibido ninguna citación. La noche del domingo tuvo conocimiento del auto judicial que había llegado el viernes al Ayuntamiento en el que la Fiscalía de la Audiencia pide al juez que estudie su imputación. El concejal de Capgirem Vic, que integra a la CUP y a Procés Constituent, sostiene que sus declaraciones en el pleno se corresponden con "el mismo discurso público que hemos hecho siempre".

La moción a favor de la declaración de ruptura obtuvo un apoyo masivo en el pleno de Vic, con 16 votos a favor de los grupos de CiU, ERC y la CUP y el voto en contra del concejal Josep Anglada. El colectivo del exlíder de Plataforma per Catalunya es el que ha denunciado, según el auto judicial, al portavoz de los anticapitalistas en el Ayuntamiento por las palabras que pronunció en favor de la moción: “Dejemos de supeditar las decisiones de nuestras instituciones a las instituciones españolas, en particular a las decisiones del Tribunal Constitucional que considera [la declaración del 9-N] falto de legitimidad y competencia. Desobediencia es lo que venimos reclamando desde hace tiempo. Nosotros siempre hemos dicho que para hacer una tortilla habrá que romper los huevos y esta declaración significa un paso adelante hacia la república catalana”, dijo Coma.

Anglada ha manifestado a EL PAÍS que no presentó ninguna denuncia, que puso en conocimiento de la Guardia Civil el orden del día del pleno en cuestión, el texto de la moción y el informe de la secretaria del Ayuntamiento que instaba a no presentar la moción porque no era competencia del consistorio. "No pensaba que tendría tanta repercusión", ha afirmado el concejal.

En su intervención en el pleno, Coma instó al resto de ayuntamientos catalanes a apoyar la declaración de ruptura y envió su apoyo a los consistorios que ya están siendo investigados por la Audiencia Nacional tras haber aprobado mociones similares. El juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia, presidido por el juez Ismael Moreno, el mismo que estudia si citar a Coma, es el que está enviando requerimientos a todos aquellos ayuntamientos que se proclaman a favor de la resolución independentista. “Defendemos la desobediencia ante una institución ilegítima, anacrónica, heredera del tribunal de orden público franquista”, concluyó el concejal de la CUP en el pleno del 9 de diciembre en referencia a la Audiencia.

La CUP pide "desobediencia"

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) emplaza a los ayuntamientos catalanes a no atender las peticiones de información que están llegando a través de los Mossos d’Esquadra sobre los plenos en los que se aprobaron mociones a favor de la declaración del 9-N. La Asociación de Municipios por la Independencia ya había recomendado que solo se enviara el acta pública de la sesión plenaria pero el partido anticapitalista insta a los consistorios a la “desobediencia” y asegura que no reconoce las competencias de la Audiencia Nacional.

“La obstinación de la Fiscalía por judicializar el proceso independentista al intentar abrir vías para atemorizar, a través de la amenaza de un proceso judicial, a los concejales de nuestros ayuntamientos”, explica la CUP en un comunicado, “se ha visto amparada por el magistrado Ismael Moreno del juzgado de Instrucción número 2 de Madrid con la excusa de las resoluciones aprobadas en apoyo a la resolución del 9-N del Parlament”.

La izquierda independentista también “exige” al consejero de Interior, Jordi Jané, que “ordene a los Mossos que dejen de dirigirse a los ayuntamientos y que se abstengan de obedecer cualquier otro requerimiento que les llegue por parte de la Audiencia Nacional en relación con la criminalización de la actividad democrática de nuestros ayuntamientos”.