Lo que no puede ser

¿Se puede apoyar, desde la izquierda, la propuesta de acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos? La respuesta es un no rotundo

Después de días de negociaciones no ha sido posible llegar a un acuerdo de investidura. Ahora se abre un periodo de “combate por el relato”, que consiste en demostrar al electorado quién es el responsable de no investir como presidente al señor Sánchez. Si queremos analizar con rigor la situación debemos partir del acuerdo firmado por el PSOE y Ciudadanos que se define "de progreso y reformista”. ¿Se puede apoyar, desde la izquierda, la propuesta de estos dos partidos? La respuesta es un no rotundo.

Cualquier acuerdo de gobierno debe dar respuestas a los retos a los que se enfrentan los ciudadanos que, desde mi punto de vista, son: superar las enormes desigualdades producidas por el sistema capitalista, agudizadas por la crisis económica y por las políticas austericidas de la derecha nacional y europea; promover un nuevo modelo productivo y de consumo basado en las energías renovables y en el ahorro para combatir el cambio climático; una reforma de la Constitución española para adecuarla a las necesidades de la sociedad del siglo XXI; y solucionar el problema territorial a partir del diálogo y de la celebración de un referéndum vinculante para que los catalanes (y otras naciones) podamos decidir nuestra relación administrativa con el resto del Estado.

Vayamos por partes. Para hacer frente a las desigualdades hace falta desarrollar políticas laborales y sociales que en el acuerdo no figuran: no se deroga la reforma laboral del PP ni se modifican las formas de despido de la reforma de 2012. Se mantiene un mercado laboral basado en la inestabilidad, la precariedad, los bajos salarios y la dualidad. Se mantiene el desequilibrio, en contra del trabajador, en la negociación colectiva, se ensanchan las diferencias entre los niveles más altos y más bajos de las retribuciones salariales y permanece la débil protección, frente al despido, de la reforma del PP.

A esto hay que sumar la no derogación del artículo 153 de la Constitución, que mantiene la prioridad del pago de la deuda antes que las inversiones en políticas sociales, y la propuesta de aumentar el salario mínimo interprofesional en un raquítico 1%. Con estas propuestas se perpetúan las desigualdades y las clases populares continuaran padeciendo unas políticas empobrecedoras e indignas.

En el acuerdo, el combate contra el cambio climático está plagado de inconcreciones, en contraposición a las detalladas propuestas económicas basadas en el crecimiento sin límite. Se mantienen las subvenciones al carbón, impugnando los objetivos de reducción de emisiones contaminantes de CO2 del reciente acuerdo de París (COP 21). En relación a las compañías eléctricas no se incorpora, en el acuerdo, la recuperación de los Costes de Transición a la Competencia y se promueve una nueva interconexión eléctrica con Francia a través de los Pirineos, a pesar del rechazo de la ciudadanía. No hay una expresa prohibición del fracking a pesar de que, los dos partidos, suscribieron en mayo del 2014 el “Compromiso para la prohibición de la fractura hidráulica en el Estado español”. Por último, resulta clamoroso el silencio contra los trasvases y la privatización del agua. En definitiva, con estas propuestas no se puede hacer frente a la crisis ambiental que padece el país.

En cuanto a la reforma constitucional, el acuerdo está plagado de ambigüedades que no suponen ningún avance hacia un estado federal. La reforma del Senado no se concreta, más allá de la reducción del mismo a 100 miembros. Se habla de revisar el título VIII de la Constitución pero no en qué sentido. Solo se concreta la sustitución de las diputaciones por Consejos Provinciales de Alcaldes, propuesta fuertemente cuestionada desde las filas socialistas. Tampoco se tiene en cuenta la necesaria reforma electoral para acabar con el bipartidismo y proponer un sistema más proporcional y más democrático.

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Y, por último, no se acepta la convocatoria de un referéndum vinculante para Catalunya a pesar de que un 80% de su población lo demanda.

Las propuestas del Acuerdo no dan respuesta a los problemas reales que padece la ciudadanía y por eso es necesario su rechazo social. No va a haber ninguna hecatombe si vamos a unas nuevas elecciones. Que el Jefe del Estado convoque elecciones ya, tenemos prisa para cambiar la correlación de fuerzas, hacia la izquierda, para cambiar este país.

Joan Boada Masoliver es profesor de Historia

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