La CUP fuerza a Puigdemont a revertir la privatización de ATLL

Carles Puigdemont ha sufrido este miércoles su primera derrota en el Parlament al alinearse la CUP con toda la oposición y apoyar una proposición de ley del PSC para revertir la privatización de Aigües Ter-Llobregat. La votación, saldada a favor de la propuesta por 71 votos a 62, refleja la fragilidad del pacto entre Junts pel Sí  y la CUP cuando abordan asuntos que no atañen a la “desconexión” independentista. Antes de la sesión, el president intentó sin éxito que la CUP modificara el sentido de su voto. El documento será remitido ahora a una comisión y una ponencia para debatir la reversión de la concesión del servicio público del agua. La CUP defiende que Junts pel Sí sabe que mantienen desde hace tres meses la misma postura sobre el caso de ATLL.

El propio Puigdemont se implicó en el caso y a primera hora se entrevistó durante treinta minutos con tres diputados de la izquierda radical. Les recordó la existencia de un acuerdo de estabilidad parlamentaria que obliga a las dos partes a no votar con las fuerzas contrarias al proceso secesionista. La petición no prosperó porque la CUP entiende que la privatización del agua no atañe al plan independentista, además de que en este capítulo su posición es inamovible. Benet Salellas, diputado de la CUP, defendió la necesidad de “blindar” el carácter público de la gestión del agua y apostó por recuperar el servicio íntegramente.

El Gobierno catalán encajó con disgusto —el consejero de Territorio Josep Rull no pudo disimular, desde el escaño, su gesto de contrariedad— la postura de la izquierda radical, que por primera vez le deja en solitario. El Ejecutivo de Artur Mas decidió en 2012 proceder a privatizar ese servicio en beneficio de Acciona, con el beneplácito del PSC y de PP, para obtener recursos públicos y cumplir el objetivo de déficit. El proceso de concesión ha estado repleto de irregularidades y de un largo contencioso que ha culminado con un informe de la Oficina Antifraude y tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El litigio está pendiente ahora de un fallo del Tribunal Supremo.

El Ejecutivo considera que si la sentencia anula el contrato podrá recuperar la titularidad de la concesión. Pero si la confirma, se arriesga, según sus cálculos, a tener que pagar una indemnización de 1.200 millones de euros. El republicano Marc Sanglas reprochó al socialista Jordi Terrades que la “magnitud de la tragedia” que proponen es “inmensa” y puede costar cinco veces más que el plan de choque social que quieren incluir en los Presupuestos. Sanglas admitió, eso si, que el proceso se podía haber resuelto mejor. Esquerra, ahora en el Gobierno, siempre se había opuesto a la privatización.

Con todo y pese a que se visualizó la fragilidad del acuerdo, las dos partes relativizaron el episodio a la espera del desenlace judicial que podría devolver a la Generalitat la gestión pública del agua y ante la certeza de que durante la negociación de las cuentas se toparán con escollos mayores. El debate empezará en la comisión y en la ponencia y deberá seguir todo el trámite parlamentario hasta regresar al Pleno.

“Hay que recuperar la gestión pública del agua a todos los niveles”, afirmó Salellas, que alertó que combatirá tanto las privatizaciones como el “cinismo e hipocresía” del PSC al que acusó de ceder la explotación del servicio municipal allá donde gobierna. Salellas reprochó además tanto a PSC como a Catalunya Sí que es Pot que se abstuvieran en la moción que aprobaron conjuntamente con Junts pel Sí sobre si la rescisión del contrato si el Gobierno confirma en el expediente que ha abierto al consorcio que explota el servicio las anomalías detectadas por Antifraude.

Terrades lamentó, en cualquier caso, que la Generalitat privatizara un servicio para cuadrar las cuentas y juzgó la externalización de “innecesaria”. “Hay que exigirle que los procedimientos no sean irregulares y que no estén mal gestionados”, dijo. Hortensia Grau, de CSQP, vio la proposición como “una oportunidad” para acabar con el “disparate” cometido en ATLL. El PP presentó inicialmente una enmienda a la totalidad contra la proposición del PSC pero la retiró a última hora. El popular Santi Rodríguez avisó de que la reversión es “extraordinariamente perjudicial” pero se mostró a favor de abrir la ponencia para tratar el caso con total transparencia.