Colau regulará la ocupación de pisos cedidos por los bancos

La propuesta del Ayuntamiento de Barcelona del nuevo reglamento de adjudicación de viviendas por emergencia social de las personas que se han quedado sin piso, porque no lo podían pagar, prevé regularizar situaciones de ocupación ilegal. Tanto de pisos del parque público como de los que se incorporan a la bolsa del Ayuntamiento fruto de convenios con entidades financieras o porque los compra el Consistorio. Es una de las grandes novedades que incorpora la propuesta, que este jueves avanza La Vanguardia y que está en período de exposición pública.

La medida entronca con la que ya explicó la alcaldesa Ada Colau cuando anunció el convenio de cesión de 200 pisos por parte de la Sareb, el banco malo. Colau reconoció que la mitad de los pisos están ocupados ilegalmente y explicó que se buscaría la fórmula para que las familias que viven se puedan quedar si no tienen alternativa. El Ayuntamiento también ha reconocido en varias ocasiones que tiene ocupas en el parque público (que suma 15.000 pisos), pero desconoce la cifra, a pesar de que los están inspeccionando.

El texto prevé varios escenarios de regularización de las ocupaciones. En el caso de las familias que están ocupando un piso desde hace más de dos años, hará falta que tengan un informe favorable del Servicio de Prevención, Intervención y Mediación en Viviendas y que no hayan protagonizado conflictos con los vecinos. Para quienes estén ocupando el piso desde hace entre uno y dos años, hará falta el mismo informe y que estén arraigados en la zona. Si no llega a hacer un año de la ocupación, “no tendrán derecho a ser regularizadas necesariamente”, salvo que los Servicios Sociales emitan un informe favorable. En cualquier caso, tendrán que ser familias que no se pueden pagar un piso.

Con la propuesta y el nuevo redactado, si se aprueba, las condiciones de acceso a pisos de emergencia del Ayuntamiento se habrán girado como un calcetín. Hace solo dos años, el grupo municipal de ICV, hoy en Barcelona en Comú, reprochaba al entonces gobierno de CiU que el reglamento dejaba fuera a las familias sin ingresos. Si este texto –ahora en exposición– se llega a aprobar, no solo podrían acceder a alquileres sociales las familias que no tienen ningún ingreso, sino que incluso tendrían derecho los que puedan acreditar que son ocupas porque no tienen más remedio.