El Ayuntamiento garantiza una plantilla mínima en los contratos públicos

El concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato (de Ahora Madrid), ha firmado hoy un decreto de aplicación inmediata que afectará a todas las áreas y organismos del Ayuntamiento de Madrid y obligará a incluir cláusulas sociales en la licitación de los contratos públicos (que suman cerca de 1.500 millones de euros anuales).

Así, el número de trabajadores volverá a ser un criterio fundamental en la adjudicación, después de que el anterior gobierno municipal, en manos del Partido Popular hasta mayo, licitara los principales servicios públicos de la ciudad, entre ellos la limpieza viaria, durante más de una década dentro de unos contratos bautizados como integrales que no estipulaban el número mínimo de trabajadores. El número de barrenderos en las calles cayó más de un tercio desde la adjudicación en 2013 de este contrato. Además de asegurar el empleo, estas cláusulas primarán la igualdad entre hombres y mujeres, la seguridad laboral, la formación o la integración de personas con discapacidad.

El pasado 23 de octubre, Sánchez Mato ya modificó el sistema de licitación para que el precio no fuera el criterio fundamental en la adjudicación, como había sido en los últimos años por instrucción del Gobierno central (PP) ante la elevada deuda del Ayuntamiento.

El decreto aprobado hoy, que no tiene efecto retroactivo, obliga a incluir al menos un objetivo social en todos los contratos (igualdad, accesibilidad, seguridad, empleo, estabilidad laboral y formación), y convierte estas cláusulas en determinantes en los contratos “con perspectiva social”, es decir, en aquellos “que están directamente relacionados con políticas sociales (educación, la asistencia a mayores, etcétera) y los que van destinados a perceptores de renta mínima de inserción, personas sin hogar en proceso de acompañamiento social por recursos públicos, jóvenes mayores de 18 años previamente tutelados, mujeres víctimas de violencias machistas y personas desempleadas de larga duración”.

En cuanto a los contratos de prestación o gestación de servicios, todos aquellos que licite el nuevo gobierno obligarán a subrogarse a la plantilla anterior y a mantener los puestos de trabajo como “componente fundamental” en la adjudicación. También se puntuará la mejora de las condiciones laborales.