Animales en peligro en la protectora de Alcalá

Lucero, un galgo de color negro, sigue hospitalizado. El informe veterinario que obra en posesión del Ayuntamiento habla de caquexia (delgadez extrema), úlceras en el cuerpo y heridas en las zonas de apoyo, "motivadas quizá por el rozamiento con zonas húmedas y hormigonadas". La situación ha hecho que el Gobierno municipal ponga en marcha varias medidas cautelares, como la visita diaria al centro; el traslado a clínicas veterinarias de aquellos ejemplares que requieran asistencia o la mejora de acondicionamientos, como reparar la calefacción del Cimpa, competencia de la empresa concesionaria según el Consistorio.

“Observamos una dejación de funciones desde que entramos en la concejalía porque con la cantidad que se abona a la empresa concesionaria es imposible pagar trabajadores, mantener las instalaciones y cuidar de los animales. Las cuentas no salen”, explica Alberto Egido (Somos Alcalá), concejal de Medio Ambiente tras las elecciones del pasado mayo. Desratizaciones Parque S.L. se encarga de la gestión del centro desde junio de 2014, cuando la ciudad era gobernada por el PP. El servicio se adjudicó a esta sociedad durante tres años tras un proceso de licitación en la que el criterio económico fue el más valorado. La atención de los animales cuesta a Alcalá de Henares 79.376 euros al año. En la actualidad, 67 animales (fundamentalmente perros y gatos) están pendientes de adopción, que es el fin último de la protectora.

"Acusación improcedente"

En opinión de la sociedad que se encarga del cuidado de los animales, esta investigación no persigue su bienestar, sino que radica en la pretensión de otras asociaciones por hacerse con la adjudicación del centro. “Nunca se han encontrado irregularidades en las visitas del Seprona, la policía ni la Comunidad. Tampoco en las del concejal, que es ilógico que se presente en el Cimpa de madrugada sin personal cualificado. La acusación es improcedente y mancha el trabajo del equipo y desprestigia a la empresa”, se queja la concesionaria.

“Estamos muy preocupados porque no es una contrata normal, sino que se ocupa del bienestar de seres vivos, y eso es muy importante para nosotros”, indica Javier Rodríguez Palacios (PSOE), alcalde de la localidad. Otras fuentes del Consistorio agregan que la preocupación se fundamenta en posibles carencias en la alimentación de los animales y su preocupante estado físico.

Se han constatado, además, unos índices altos de mortalidad natural: 125 casos desde julio de 2014 hasta el 30 de noviembre pasado. Desde el centro se niega tal extremo. “Los agentes del Seprona nos visitaron hace unos días. Si los animales hubiesen estado tan mal, se los habrían llevado”. En el Cimpa alegan que se alimenta a los perros dos veces al día y que el veterinario del Ayuntamiento les comentó que las heridas y la delgadez de los animales se debían al frío.

Sin embargo, un informe del veterinario municipal, fechado el 11 de enero, concluye, según el concejal de Medio Ambiente, que “como consecuencia de los datos observados, podría concluirse una situación de maltrato en el sentido de que no se están disponiendo los medios materiales ni humanos precisos, ni las actuaciones necesarias, para el tratamiento de los animales albergados”. Se trataría de un supuesto maltrato animal pasivo. La concesionaria disiente de tales acusaciones y se ampara en que muchos animales llegan al centro enfermos y en mal estado y que en tales condiciones es muy complicado recuperarlos.