Estafados con la boca abierta

Cuatro implantes en la parte superior de la dentadura y otros cuatro abajo. En total, año y pico de idas y venidas a la clínica y una factura (es un decir) de 4.000 euros. El resultado fue una carnicería. Los nietos de Olimpia Sáiz, una pensionista de 73 años que buscó ahorrar un dinerillo al arreglarse la boca, se reían de ella. Y las compañeras de actividades le advertían de que no podía quedarse sin más con esa mueca extraña. “Me pusieron un diente de cada color. Visité otras tres clínicas después y se asustaron al verme. Decían que mi boca ya no se podía arreglar y decidí denunciarlo ante Consumo en la Policía Municipal”.

El dentista que le había recomendado, por barato, un jardinero del barrio de Hortaleza, resultó ser un intruso sin título para ejercer en España. Walter Gómez, de origen colombiano, acaba de ser condenado (el pasado 4 de noviembre) a seis meses de cárcel por los delitos de estafa e intrusismo profesional tras llegar a un acuerdo con las acusaciones. Un día más tarde, el 5, reabrió su consulta en el distrito de Hortaleza y la Policía Municipal ha vuelto a incoar diligencias que previsiblemente desembocarán en un nuevo juicio. Olimpia, la paciente que denunció, ha logrado reembolsarse los 4.000 euros pagados en sucesivas intervenciones y tiene nueva dentadura tras abonar otro tanto a un odontólogo profesional. “Pero el incordio y los dolores de aquellos meses no hay indemnización que los pague”, asegura Olimpia ahora que todo ha terminado.

El suyo no es un caso aislado. Solo en Madrid, en el último año el Colegio de Odontólogos de Madrid ha denunciado a 15 supuestos intrusos, abierto 33 expedientes por publicidad engañosa y registrado 191 quejas de pacientes por tratamientos.

En esos procedimientos cabe de todo: las inspecciones han descubierto a profesionales de otros países que no tienen homologado el título para ejercer en España y también a técnicos protésico-dentales que se extralimitan y acaban operando sin estar facultados para hacerlo.

J. A. G., español que ronda la cincuentena, regentaba una clínica en Moratalaz hasta que en enero de 2014 recibió la visita de una patrulla de Policía Nacional. Se negaba a entregar las facturas a una paciente a la que realizó dos puentes defectuosos y que exigía la devolución del dinero, unos 3.000 euros. Pilar, la mujer que exigía lo pagado, llamó desde la puerta de la consulta a comisaría y el presunto dentista salió huyendo. Fue localizado gracias a una orden de búsqueda y captura. El 11 de julio J. A. G. declaró ante el titular del juzgado de instrucción número 36 de Madrid. Durante el interrogatorio se le preguntó qué titulación tenía. En la causa consta: “No tiene titulación académica, ha realizado la EGB”. Después negó que hubiese realizado implantes u otras operaciones en su consulta. Varios testigos contradijeron su versión y el juicio todavía no se ha señalado. El Colegio Profesional de Odontólogos, que ejerce de acusación particular, pide para él dos años de prisión por intrusismo y lesiones. Pilar, la paciente que llamó a la policía, solo espera que se le reintegre lo pagado, “tras gastar un dineral en otra clínica para colocar por fin el famoso puente”.

Los más de 30 pleitos diseminados por los juzgados de Madrid nacieron de una campaña iniciada por esta organización profesional hace tres años contra lo que los dentistas llaman “odontología low cost” y cuyas clínicas muchas veces dejan a los pacientes en manos de personal no cualificado. Para perseguir este fraude —que ha ocasionado patologías secundarias a algunos pacientes— se han valido de detectives privados que indagan en los centros sospechosos. A veces basta una simple consulta en los listados de los colegios profesionales. Otras veces son pacientes con lesiones los que actúan por su cuenta.

El presidente del Colegio de Odontólogos de Madrid, Ramón Soto-Yarritu, sostiene que llevará su guerra contra las consultas clandestinas hasta el final, pero admite que todo sería más efectivo si la gente se concienciase. “Muchos están siendo engañados y cuando por fin saben que no están ante profesionales cualificados, se explican muchas cosas. Cuando causan problemas de salud, el paciente da el paso de denunciar”.

El pasado febrero, el Colegio de Odontólogos fue un paso más allá al pedir cuatro años de prisión para tres personas que gestionaban una clínica en la plaza de Castilla. En este caso, la organización profesional fue más allá y les atribuyó un delito contra la salud pública por utilizar un producto blanqueador sin autorizar y potencialmente peligroso por su composición.