Vecinos en pie de guerra

José Manuel Fernández lleva toda su vida viviendo en un piso en el número 44 de la calle de Maudes, cerca del Paseo de la Castellana. Antes de él lo hizo su padre, empleado en el que fuera el Taller de Artillería de Precisión, a escasos metros del bloque de viviendas. En 1944 la Obra Sindical del Hogar (OSH) construyó para los trabajadores de este taller militar 152 pisos. Garantizó a los empleados al acceso diferido a la vivienda, es decir, el derecho a quedarse con ellas tras 40 años pagando un alquiler.

Pero el pasado 13 de noviembre Fernández recibió una carta con membrete del INVIED, el organismo del Ministerio de Defensa que hoy administra las casas. Pese a lo que establecían los contratos hace más de 60 años, Defensa le reclama el pago de 5.025,87 euros o, en alternativa, “que proceda a desalojar voluntariamente” el piso en el plazo de un mes. En caso contrario, “se le incoará expediente de desahucio por impago”. Este jubilado de 64 años comparte esta situación con otro 143 vecinos, que se han constituido en una asociación. “Cuando nuestras casas se construyeron esta zona era la periferia de Madrid. Ahora es unos de los barrios más caros de la ciudad, al lado de la Castellana. Los militares quieren estas viviendas y hacen todo lo que puedan para echarnos”, asevera.

Las casas no fueron subrogadas pese a lo que establecían los contratos

Según los datos que ha recogido la asociación, 15 pisos han sido vendidos y otros 6 están subastados. El valor base de los inmuebles en la zona asciende a 3.250 euros por metro cuadrado, según el Sistema integral de valoraciones de la Comunidad de Madrid.

Los vecinos han denunciado su situación ante varias instituciones. Una de ellos, Mercedes García, ha recibido una carta en la que la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, manifiesta interés para su caso.

Aseguran que el INVIED no se hace problemas en embargar sus cuentas bancarias para obligarles a dejar sus viviendas. Fernández menciona el ejemplo de Carmen Gómez Gómez, una viuda de 94 años con una pensión de 740 euros, a la que han sido notificados ya tres órdenes de embargo. Este periódico ha intentado, sin éxito, conocer la versión del INVIED.

Un informe elaborado por Marta Gil y Jesús Padorno, los dos letrados que asisten la asociación, explica que en 2010 una Orden ministerial cambió la calificación de las viviendas y las convirtió en “militares” y “enajenables”.

Los letrados destacan que estos dos requisitos, y el hecho de que el INVIED se rige en materia de vivienda por normas que dan prioridad a las Fuerzas Armadas, han sido la premisa necesaria para llevar a cabo las ventas de esos pisos excluyendo del proceso a los actuales inquilinos. Insisten en que “esta ley no debería afectar para nada” a esas casas, ya que “fueron promovidas con carácter social por la OSH” y que, sobre todo, la aplicación de la norma “no tiene carácter retroactivo”.

Los inquilinos denuncian el embargo de sus cuentas bancarias

Defensa, además, aprobó un baremo que confiere 30 puntos de ventaja al personal militar a la hora de adjudicar anualmente los pisos. Para que un civil pueda colmar esa diferencia, por ejemplo, debería tener “es diez hijos o cinco con minusvalías”.

La causa de esta situación es que las familias de los actuales inquilinos perdieron el derecho de subrogación de las casas en las que habitan pese a que los contratos firmados por sus antepasados se los otorgaban. Ahora Defensa les exige el pago de un canon de uso, sin que eso implique la concesión de algún derecho respecto a los pisos.

El informe de los letrados trata de explicar por qué. Escriben que las casas se entregaron “antes de obtener la cédula de calificación de la Dirección General de la Vivienda”, Los contratos “no fueron formalizados por la OSH, sino por el Taller de Artillería, según un contrato de arrendamiento”. El Taller, de esta forma, “se irrogó la propiedad de las viviendas, obligando a su personal a firmar contratos de alquiler”.

En 1976, al desaparecer la OSH, el Taller adquirió el entero bloque. Pero el acto de compraventa especificaba que los derechos de acceso a la propiedad de los inquilinos permanecían íntegros. En 1993 venció el plazo para que los ocupantes se hicieran con estas viviendas, calificadas de protección oficial. Pero no pasó nada.

Los abogados citan en su informe una sentencia firme del Tribunal Superior de Andalucía, que en 1993 asignó a sus inquilinos un bloque de viviendas de Algeciras con un historial análogo a la de las calles Maudes y Pozano y desestimó las pretensiones del Ministerio de Defensa de hacerse con ellas. En Madrid, al contrario, los abogados aseguran que el Ministerio sigue “sin otorgar las correspondientes escrituras de propiedad” y hasta ha dejado de mantener el inmueble.

“Entendemos que las viviendas ya no tienen el valor que tenían hace décadas. Pero pedimos que nuestra situación se regularicen de una vez”, insiste Fernández.