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Imputada una exdiputada del PSC por una factura falsa en Sabadell

La juez del 'caso Mercurio' ha citado a declarar a Montserrat Capdevila y cuatro trabajadores del Ayuntamiento de Sabadell

Capdevila declaró en junio de 2014 en el tribunal por el caso Mercurio.
Capdevila declaró en junio de 2014 en el tribunal por el caso Mercurio.

La exdiputada del PSC y exconcejal de Sabadell, Montserrat Capdevila, ha sido imputada junto a cuatro trabajadores de este Ayuntamiento por participar en una confabulación para aceptar que un empresario presentara al Consistorio una factura falsa para evitar pagar unos impuestos. Los Mossos consideran que se habrían producido diferentes delitos, como tráfico de influencias, falsedad documental y prevaricación. El caso corresponde a la pieza 21 del total de 33 que forman el caso Mercurio de corrupción urbanística y tráfico de influencias en este Ayuntamiento vallesano.

El foco del embrollo son unas obras de ampliación del concesionario de BMW Sitjas Motor en 2009 en que el local cuadriplicó su espacio, de 250 a 1.153 metros cuadrados. Esta remodelación se traducía en un incremento del recibo del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Una inspección del Ayuntamiento en 2011 descubre la ampliación y le reclama a la empresa que certifique la fecha de las obras o, en caso contrario, le aplicará el recargo desde la última inspección, tres años atrás.

Según recogen las llamadas intervenidas, el empresario Antonio Sitjas llama a Melquíades Garrido, presidente del Gremio de Constructores y tío del entonces alcalde, Manuel Bustos, (ambos imputados) para pedirle ayuda para elaborar una factura falsa que acredite que las obras se hicieron en 2011 y así evitar pagar el IAE atrasado. En una conversación, Garrido admite que no existe factura de las obras porque se pagaron en negro. “Aquí hicimos cuatro tonterías que fueron 14 o 15.000 euros, me los pagó en B”. Una práctica que parecía habitual. “Este hombre no tiene factura porque él me arregla a mí los coches y yo le hago a él algo de faena, y mira así nos vamos compensando y no nos hacemos factura”, asegura en una conversación.

Garrido mueve sus hilos y después de varias llamadas consigue localizar un constructor que haga la factura. También llama a Capdevila para explicarle la situación. “Los estamos mirando de qué forma es posible, teniendo en cuenta que está en proceso”, le contesta la exconcejal en una de las conversaciones. El caso pasa por manos de diferentes altos cargos hasta llegar al entonces gerente de la Agencia Tributaria de Sabadell, Josep Abellan, que informa a Garrido que “ya ha dado instrucciones para que se acepten los albaranes”, según recogen los Mossos en su informe. El caso se zanja cuando el Ayuntamiento acepa la nueva factura y hace pagar a la empresa el recargo del IAE correspondiente a 2011, que asciende a 1.847 euros.

En este episodio queda constancia del margen de maniobra que tenía el presidente de Gremio, todavía en el cargo, en el Ayuntamiento. A Garrido le llega el comentario de que la inspectora de Hacienda del Consistorio que hizo la inspección al concesionario –es una de las imputadas-, cuando recibe la factura falsa comenta. “Bueno ya veremos en qué queda todo esto”. Garrido enfurece y llama a Capdevila y Abellan para quejarse. “La elementa esta, ¿quién cojones es?”. Y asegura que llamará a su sobrino, el alcalde, para hacerle saber “la gente que trabaja para el municipio”.

El nuevo equipo de Gobierno anunció ayer la apertura de expedientes informativos a tres de estos trabajadores imputados —el cuarto era un cargo eventual ya cesado— para “aclarar si se ha incurrido en alguna falta administrativa”.

La Plataforma Sabadell Lliure de Corrupción ha dado a conocer este miércoles la resolución del juzgado de instrucción número 1 de Sabadell, en que se cita a declarar a todos los implicados entre el miércoles y jueves de la próxima semana. Para la entidad, que es acusación popular en el caso, aunque la cifra supuestamente defraudada es baja, “escenifica el comportamiento de toda la maquinaria administrativa de Bustos" y ha criticado que cargos electos como Capdevila y otros altos cargos permitieran este tipo de conductas, a pesar de tener supuestamente conocimiento.

Capdevila ya está imputada en otra ramificación del caso Mercurio, en este caso en la que se investiga el supuesto uso fraudulento que la exdiputada hizo de su tarjeta del Parlament para pagar viajes privados a Madrid, donde pasaba la noche en el mismo hotel que Manuel Bustos. Capdevila devolvió el dinero gastado -en total, 3.229 euros- en 12 viajes de ida y vuelta entre octubre de 2010 y septiembre de 2012. Lo hizo días antes de que se levantara el secreto de sumario del caso.