JxS se escuda en la falta de Gobierno para no tramitar la renta ciudadana

Los promotores de la Iniciativa de Legislación Popular (ILP) que busca dotar a Cataluña de una Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) se reunieron ayer con los grupos del Parlament para presionar el reinicio de la tramitación de la norma lo antes posible. Todas las formaciones se mostraron abiertas a llevar la propuesta a la próxima reunión de la Mesa de la Cámara, explicaron los portavoces de la ILP, si bien desde Junts pel Sí (JxS) se les recordó que la reactivación está subordinada a la formación de Gobierno. La RGC propone una prestación universal de 664 euros mensuales a todos los catalanes.

“Después de la reunión se nos advirtió que hasta que no haya Gobierno la Mesa no puede dar inicio a una tramitación”, explicaron Sixte Garganté y Diosdado Toledado, los portavoces de la ILP. El reglamento del Parlament establece que una semana después de la investidura se determina el número de comisiones legislativas y sus miembros. JxS, que proponía en su programa electoral una ayuda similar, considera que es allí a dónde debe regresar la tramitación.

Esta posición, sin embargo, contrasta con la que ha defendido el Gobierno catalán respecto a otras leyes como la de la creación de la Hacienda propia. La vicepresidenta Neus Munté argumentó hace una semana que un Gobierno en funciones lleve a cabo sin problemas la tramitación y aseguró que ya había preparativos para dar luz verde a las tres normas que contempla la propuesta de resolución independentista impulsada por JxS y CUP. “Ha habido unos trabajos previos, y el Govern está en disposición de continuar avanzando en estos trabajos que ahora deberán tener la forma de una ley”, dijo Munté.

Enmiendas de los grupos

En la legislatura pasada se realizaron todas las comparecencias solicitadas por los grupos y la tramitación de la ILP llegó hasta la fase de las enmiendas, cuando la disolución del Parlament paralizó lo trabajos. Al haber cambiado los grupos parlamentarios, se tendría que volver a presentar las enmiendas y designar una ponencia. “Esperamos que también se tenga en cuenta que todos los partidos saben de sobra que la RGC es una herramienta básica en la lucha contra la pobreza”, recordó Toledano.

Por ley, las iniciativas de este tipo no decaen por lo cual los trabajos deben ser retomados por el Parlament. Todos los partidos de izquierdas, menos Esquerra, firmaron en julio pasado un compromiso de que esta norma fuera la primera que se tramitara una vez se constituyera la Cámara catalana que surgiera del 27-S.