Cabanes mantiene las placas con el nombre del condenado Carlos Fabra
La oposición no descarta medidas legales para ejecutar el acuerdo plenario para retirarlas
Más de dos meses de retraso. Es lo que acumula la ejecución de una decisión aprobada en el pleno del mes de julio de Cabanes, Castellón, en la que se determinaba la retirada en un plazo de 15 días de todas las placas con nombres de políticos condenados.
La moción, presentada por Units pel Poble-Compromís, salió adelante pese a los votos en contra del PP, que gobierna en minoría en el consistorio. En ella se aprobaba quitar, ‘en el plazo de 15 días, las placas en las que figuraran nombres de representantes políticos condenados, y que se regulara su uso y colocación en el futuro’. En total, la medida afecta a las placas de la biblioteca y el polideportivo de Cabanes, y el edificio polifuncional de la Ribera. Los tres inaugurados en marzo de 2007 por el entonces presidente de la Diputación, Carlos Fabra, hoy en prisión por defraudar a Hacienda.
Ante el retraso, uno de los impulsores de la moción, el concejal de Units pel Poble-Compromís, Carles Mulet, ha denunciado la vulneración del acuerdo plenario y ha anunciado el traslado del caso a los servicios jurídicos de la coalición para determinar qué acciones iniciar para hacer efectiva la retirada.
Las competencias para ejecutar la medida aprobada en pleno corresponden a alcaldía, desde donde han manifestado la intención de quitar las placas. Han justificado la demora por la reducción de la actividad durante el mes de agosto, y por el proceso de estudio que se está realizando para decidir si se eliminan definitivamente las placas o se cambian por otras, sin nombres de políticos condenados.
El pionero en la retirada de placas con nombres a políticos condenados en Castellón fue el municipio de Benlloch que quitó en junio de 2014 cuatro placas, tres con el nombre de Carlos Fabra y una con el nombre del exconsejero Rafael Blasco, condenado por el caso Cooperación. El pleno de Burriana también aprobó en julio de 2015 una moción para eliminar estos reconocimientos, junto a nombres de calles, plazas o esculturas relativas a personas condenadas por la Justicia.
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