Catalunya Sí que es Pot y la CUP arropan a Rigau en el juzgado

La consejera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau ha acudido este martes a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña arropada por todo el Gobierno catalán, a excepción de su presidente, Artur Mas. Además, también han acudido a la cita miembros de otros partidos como Marta Rovira de ERC, Raül Romeva, cabeza de lista de la formación independentista Junts pel Sí, y Lluís Rabell el líder de Catalunya Sí que es Pot, y Antonio Baños, representante de la CUP.

Todos se han pronunciado sobre la imputación de Rigau, Mas y la exvicepresidenta Joana Ortega por poner las urnas en la calle el 9-N y preguntar a los catalanas si querían un estado independiente. "Es incomprensible e inadmisible que en un Estado de derecho, por poner las urnas, a una persona se la impute y se la procese", ha asegurado Romeva, después de acompañar a Rigau al juzgado. Más contundente ha sido Marta Rovira (ERC) que ha reprochado que "en ningún estado democrático y de derecho las urnas jamás pasan por un juzgado". Rovira ha asegurado que el proceso soberanista ha sufrido una persecución estatal y ha querido mostrar su solidaridad con el Gobierno catalán: "Todos nos sentimos imputados". 

"Es un doble ataque contra la libertad de expresión y contra el régimen de separación de poderes”, dice Rabell

El que también ha querido dar apoyo este martes a la consejera de Enseñanza ha sido el líder de la CUP Antonio Baños. En pleno proceso de negociación con Junts pel Sí, el líder de la formación anticapitalista se ha acercado a los manifestantes para asegurar que ahora lo importante es "no dañar la unidad del independentismo". Para demostrar su intención de que no haya fracturas en el bloque soberanista Baños ha prometido a los concentrados que "todo irá bien" y ha pedido paciencia.

El líder de Catalunya Sí que es Pot también ha acudido a la cita para manifestarse en contra de las imputaciones. Rabell, que desde su candidatura siempre ha defendido el derecho a decidir, ha pedido que se retiren todos los cargos por la causa del 9-N y que “el conflicto se reconduzca hacia el ámbito político”. "Es un doble ataque contra la libertad de expresión y contra el régimen de separación de poderes”, ha afirmado Rabell que participó en la consulta de 9-N. El líder de coalición ha culpado al Gobierno de transformar la judicatura en instrumento de sus cálculos partidistas”. Consciente de que su posición de equilibrio entre apoyar a Mas y criticarle puede generar críticas, Rabell ha avisado: “Nos oponemos a cualquier tentativa de manipular la indignación delante de las inculpaciones para condicionar el debate sobre la investidura. Ni callamos ante la actuación antidemocrática del Gobierno español, ni olvidamos el balance antisocial de CDC”.

"Todo irá bien", ha afirmado Baños a los independentistas que clamaban "unidad"

Quien también ha querido calmar los ánimos ha sido Josep Rull, el coordinador general de CDC, que ha asegurado que "esto no lo va a parar absolutamente a nadie". Y ha lanzado un aviso al Ejecutivo de Mariano Rajoy: "Los que creen que a través del Código Penal se puede parar la voluntad de todo un pueblo se equivocan y mucho". 

La vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, ha vuelto a defender la celebración de la pseudoconsulta del 9 de noviembre. “Todas las sociedades libres y democráticas tienen interés en saber qué piensa la ciudadanía, y en esto consistió el proceso participativo; como compañeros es normal que nos pongamos a su lado”.