El secesionismo se moviliza a favor de los políticos imputados por el 9-N

El independentismo ha organizado una campaña contra las imputaciones de Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la consejera Irene Rigau por organizar la consulta del 9-N. La Asamblea Nacional Catalana y Òmnium han convocado concentraciones ante el Palacio de Justicia y los Ayuntamientos en repulsa por las declaraciones ante el juez de Rigau y Ortega previstas para hoy. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, participará en la movilización.

El secesionismo se moviliza a favor de los imputados por la consulta del 9-N Ara es l'hora (Ahora es la hora), la campaña permanente de la ANC y Òmniun, ha organizado para este martes sendas protestas ante el Palacio de Justicia en solidaridad con la consejera Irene Rigau, citada a declarar ante el juez a las 10.00 y la democristiana Joana Ortega (a las 16.00). Las dos, junto a Mas, están imputadas por haber organizado la logística de la consulta del 9-N pese a estar suspendida por el Tribunal Constitucional. Por la tarde, a las 19.30, se han convocado concentraciones ante los Ayuntamientos. Los organizadores anunciaron la presencia en la protesta de la plaza de Sant Jaume de Ada Colau, así como la del expresidente del Parlament Joan Rigol, ahora presidente del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir y de los dos secretarios generales de CC OO y UGT, Juan Carlos Gallego y José María Álvarez.

Las movilizaciones seguirán el jueves, cuando Mas declare ante el juez. Las entidades secesionistas —ANC, Òmnium y la Asociación de Municipios por la Independencia— más el Pacto por el Derecho a Decidir, que está a favor de la consulta, han impulsado un manifiesto en el que se definen “corresponsables” de la convocatoria del 9-N y en el que tachan de “antidemocráticas” las querellas de la Fiscalía. Bajo el lema 9-N som tots (9-N somos todos), los colectivos han animado a sus simpatizantes a remitir una carta a la Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en la que se identifiquen como una de las 2,3 millones de personas que votaron el 9-N y pidan el archivo de la causa. Además, les sugieren que se impriman una nueva papeleta del 9-N para acudir a las protestas.

Suspensión del TC

La Fiscalía se querelló contra Mas, Ortega y Rigau pocos días después de la consulta. Les acusa de haberse “negado abiertamente a dar el debido cumplimiento a una resolución emanada del máximo intérprete de la Constitución”, en alusión al veto del Tribunal Constitucional. Tanto el presidente como las consejeras sabían que el proceso había sido suspendido, añade la Fiscalía, y a pesar de ello siguieron adelante y sacaron las urnas a la calle. La querella alude, como prueba, a unas declaraciones públicas de Mas: “Si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios que me miren a mí, el responsable soy yo y mi Gobierno”.

La Fiscalía acusa a los cargos del Gobierno catalán de cuatro delitos —desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones— que llevan aparejadas penas de inhabilitación en caso de condena. Nueve meses después de admitir la querella, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidió llamarles a declarar como imputados en pleno debate sobre la posibilidad de que Mas repita como presidente.

Mas declarará este jueves, 15 de octubre, cuando se cumplen 75 años del fusilamiento del expresidente catalán Lluís Companys. La fecha elegida por el juez instructor ha irritado a los sectores independentistas. El presidente y las consejeras deberán responder si, como opina la Fiscalía, la consulta sobre la independencia fue “planificada, auspiciada y financiada” por la Generalitat.