Sabadell se persona como acusación particular en el ‘caso Mercurio’
El Ayuntamiento ha solicitado ser parte en 22 de las 33 piezas que conforman la causa
![El ex alcalde de Sabadell, Manuel Bustos.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/A4HNEUC7RXEV5HQTT7KDVXRMHY.jpg?auth=43d8f3e8595c9ff664cf760ad33655de0a35f1aadcdad2a0d2d601271531223d&width=414)
El Ayuntamiento de Sabadell se ha personado como acusación particular en el caso Mercurio de corrupción urbanística y tráfico de influencias que afecta a su exalcalde Manuel Bustos (PSC) y a varios exconcejales y exaltos cargos. Concretamente, el Consistorio ha solicitado ser parte en 22 de las 33 piezas que, de momento, conforman el macrocaso que investiga la juez Beatriz Faura en el Juzgado de Instrucción número 1 de Sabadell.
El pasado mes de diciembre, todavía durante el mandato del PSC, la oposición en bloque hizo valer su mayoría en el pleno municipal (sumaba un concejal más) para forzar la personación del Ayuntamiento en la causa. Entonces los socialistas votaron en contra porque consideraban que era “parte del pasado” y defendían que colaboraban con los Mossos siempre que lo pedían.
El nuevo alcalde, Juli Fernàndez (ERC) firmó hace unos días el decreto que hace efectiva esa decisión del pleno, que a la vez es una de las acciones prioritarias que se fijó el nuevo Gobierno (ERC y Crida per Sabadell) al tomar la vara en junio. La idea del Ayuntamiento era contratar un abogado externo, lo que suponía abrir “una contratación administrativa que ralentizaba todo, así que para agilizarlo hemos designado los letrados consistoriales” para que asuman la defensa jurídica el Ayuntamiento, abundó ayer Fernàndez.
La participación en la causa judicial se toma “al considerar que se han podido lesionar los intereses de la entidad municipal y los caudales públicos, además de repercutir de forma muy negativa en la imagen de la ciudad”, informó ayer el Ayuntamiento en un comunicado.
La causa del Mercurio se destapó el 27 de noviembre de 2012 y ha supuesto la imputación de una decena de ex cargos del Ayuntamiento y de varios empresarios. De las 33 piezas, algunas han sido archivadas y hasta el momento solo una ha llegado a juicio: el caso de tráfico de influencias en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac, que supuso una pena de 16 meses de prisión para Manuel Bustos, su hermano Francisco, ex responsable comarcal del PSC, y Daniel Fernández, ex número dos de los socialistas. La edil de Montcada, María Elena Pérez, fue condenada a siete años de inhabilitación.
Ante el rechazo del anterior Gobierno local de ahondar en las investigaciones, los partidos de la oposición y una treintena de entidades de la ciudad crearon, poco meses después del estallido del caso, la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, que logró personarse como acusación popular y destapó el pago de dietas de los alcaldes de la Federación de Municipios de Cataluña.
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