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El Parlamento deroga el decreto ley sobre la antigüedad de los interinos

El proyecto afecta a más 20.000 empleados públicos de la Junta

El pleno del Parlamento andaluz ha acordado hoy, por dos votos de diferencia, derogar el decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno por el que se reconocía a los funcionarios de la Junta los servicios previos como personal interino para computar la antigüedad en los concursos de traslado y promoción interna.

La votación, tal y como establece el artículo 93 del reglamento de la Cámara, ha tenido que repetirse al producirse un empate, que se resolvió en la segunda, cuando se ha rechazado la convalidación del decreto por 48 votos (los del PP y Podemos) frente a 46 del PSOE y 14 abstenciones de Ciudadanos e IU.

Al no aceptarse la convalidación del decreto ley no se ha sometido después de la votación la tramitación de la citada norma como proyecto de ley, por lo que ahora deberá decidir el Consejo de Gobierno si elabora un nuevo proyecto.

El decreto ley, que afecta a más de 20.000 empleados públicos, modificaba algunos artículos de la Ley 6/1985 de Ordenación de la Función Pública de la Junta y permitía convocar los concursos bloqueados desde hace cuatro años y resolver los procedimientos de promoción interna realizados con anterioridad, según ha explicado la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero.

Ha subrayado que el decreto ley seguía la recomendación del Consejo Consultivo de Andalucía y superaba la controversia suscitada ante las interpretaciones contrapuestas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a la hora de baremar la antigüedad.

La nueva norma modificaba el baremo del reglamento vigente desde 2002 de tal modo que, en el mérito del trabajo desarrollado, se otorgaría a la experiencia desempeñada en puestos provisionales la misma puntuación que a la adquirida en los definitivos. Según Montero, la medida hubiera beneficiado a los funcionarios de carrera que, por esta situación, no habían podido solicitar un destino más cercano a sus poblaciones de origen o acceder a mayores responsabilidades.Ha detallado que en los últimos concursos de méritos convocados en 2011 se ofrecieron 8.312 vacantes y se adjudicaron 6.250 plazas, de las que 3.405 fueron ocupadas por funcionarios en puestos base.

El portavoz del PP, Pablo Venzal, ha tildado de "completa chapuza" el decreto ley, que "falla" en dos cuestiones "fundamentales", como son las formas y los tiempos, ha sostenido. Ha dicho, además, que la disposición transitoria es "ilegal, a todas luces" porque una norma "no puede tener efectos retroactivos si perjudica a terceros", y ha pedido al Gobierno que lo retire y se tramite como proyecto de ley para que se pueda "enriquecer" con las aportaciones de
los grupos. Según el portavoz del PP, es un "disparate jurídico" que esta norma se tramite como decreto ley, lo que le ha llevado a aventurar que los empleados públicos acudirán "igualmente" a los tribunales.

La portavoz de Podemos, Begoña Gutiérrez, ha criticado con dureza el decreto ley, al considerar que es "simple y llanamente un subterfugio" para "hurtar" el debate y el consenso, y ha criticado que al Gobierno andaluz "le entre la prisa" tras paralizar el concurso durante cuatro años.
"No se puede dejar de legislar para gobernar a golpe de chantaje bajo la amenaza de que no se convocarán concursos", ha dicho la portavoz de Podemos.

El portavoz de Ciudadanos, Carlos Hernández, ha lamentado "la mala praxis durante años" de la Junta, lo cual ha derivado, según ha sostenido, en la situación actual, y ha recalcado que su formación apuesta por el acceso a la administración pública "con criterios objetivos de mérito
y capacidad".

"La situación que hoy se valora en esta cámara la ha provocado años de mala ejecución de normativas y reglamentos", ha espetado Hernández, que ha acusado a la Junta de generar "inseguridad laboral y jurídica a muchísimas personas", tras lo que ha señalado: "Quienes han sido los responsables de lo ocurrido, deben afrontar las consecuencias de sus errores".
La diputada de IU Elena Cortés, que ha dicho que "ya es hora" de que este Parlamento debata sobre la función pública, ha respaldado globalmente el contenido del decreto ley aunque ha indicado que a su grupo le genera "dos dudas razonables" -razón por la que se ha abstenido- relativas a la "exclusión" de los laborales, pese a que ocuparon puestos en la Administración, y a la disposición transitoria de la norma.