La juez eleva al TSJ la querella por ocultar datos contra Català y Ciscar

La denuncia contra los exconsejeros de la Generalitat valenciana María José Català y José Ciscar por supuesta violación del derecho a la participación política y ocultación de datos ha llegado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

La juez de instrucción que estudio la querella presentada por Esquerra Unida la ha remitido a este organismo dada la condición de diputados y por tanto aforados de ambos, al apreciar que "cabría entender que existe una conducta de dos miembros del Gobierno valenciano referida a la denegación de información y documentación a determinados diputados de la oposición en las Cortes".

La magistrada añade que tal denegación podría "ser constitutivas del delito alegado" y que, según la fiscalía, los presuntos responsables serían Catalá y Císcar. Al tratarse de aforados, la juez indica que "corresponde decidir"  al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana".

El delito del que se les acusa, el 542 del Código Penal, castiga a la autoridad que impida conscientemente a otro el ejercicio de los derechos cívicos que establece la Constitución, como es el del derecho fundamental a la participación política. La pena prevista es de uno a cuatro años de inhabilitación para empleo o cargo público.

Entre la documentación que Català negó al Grupo Parlamentario de Esquerra Unida figura un plan para el diagnóstico de centros escolares, contratos menores e información sobre la extensión del fibrocemento en colegios e institutos entre otros. Ciscar, por su parte, denegó el acceso a encuestas contratadas por la Generalitat y el contrato de un exdirectivo de Ràdio Televisió Valenciana.

El TSJ ha activado en septiembre el procedimiento dando por personadas a las acusaciones y dando plazo a las partes para que puedan plantear un proceso de reposición. La magistrada que dictó la exposición razonada ya no ocupa el juzgado de Instrucción número 2, ya que lo hacía de forma provisional.

La querella presentada por Marga Sanz, Ignacio Blanco y Esther López Barceló, diputados de EU en la pasada legislatura, entre otros, se dirigió contra los también exconsejeros del PP Máximo Buch, Isabel Bonig y Serafín Castellano.

Sanz ha expresado su "satisfacción" por la decisión de la juez "ya que es la primera vez que una querella de este tipo se admite a trámite" por "ocultar información pública" a los parlamentarios.