Una ley de dependencia conectada al respirador

Atender a los 139.533 catalanes que tienen concedida una prestación o servicio dentro del marco de la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia implica destinar más de 1.011 millones de euros. De esta cantidad, la Generalitat aporta el 82,5%, alrededor de 910 millones de euros. El Ministerio de Sanidad, por su parte, transfiere 192 millones, cuatro veces menos. Una diferencia de cifras que explica las listas de espera de dependientes y los problemas que sufren las entidades que trabajan en el ramo. Todas coinciden en el mismo diagnóstico: la ley de la dependencia está mal financiada y los intentos de la Generalitat para mantener la ayuda han resultado en algunas ocasiones nocivos.

El problema no es nuevo. El 70% del presupuesto para programas del departamento de Bienestar Social se lo lleva el pago de la dependencia. La Generalitat incluye dentro de los agravios del Gobierno central el hecho de que la ley debería estar financiada por partes iguales entre ambas Administraciones. Pero en el texto de la norma, aprobado en 2006 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, dice algo bien diferente. La aportación de la Comunidad Autónoma será, para cada año, “al menos igual” a la del Estado. Sanidad, a pesar de haber recortado 240 millones de euros en tres años, cumple lo acordado.

El número de beneficiarios de prestaciones es un 11% menor que cuando la extinta federación de Convergència i Unió revalidó su victoria en las urnas en noviembre de 2012. En ese momento eran 157.653 catalanes con ayudas concedidas. Otro indicador es el de Programas de Atención Individualizada (PIA), la valoración mediante la cual se otorga una ayuda a una persona que tiene reconocido el grade de dependencia. En estos casi tres años 50.489 personas no han podido acceder a las ayudas, en muchos casos porque se les otorgaban cuando ya habían fallecido.

“Ahora estamos comenzando a ver la luz pero han sido años muy difíciles”, asegura Cinta Pascual, la presidenta de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales, ACRA. Durante 14 meses, la Generalitat frenó la entrega de las llamadas prestaciones vinculadas al servicio (PEV), una ayuda que sufraga una plaza de residencia privada a la espera de liberar una pública. La decisión generó malestar en el sector, que consideró que se violaba un derecho subjetivo de los dependientes, además de sus intereses económicos. Bienestar las recuperó en octubre del año pasado pero para supuestos muy limitados.

La Generalitat aseguró que tomaba esa decisión debido al recorte de las transferencias de Sanidad y por la dura situación de la tesorería de la Generalitat. Un argumento que el Gobierno catalán también ha usado para retrasar pagos de subvenciones a las entidades del tercer sector. En julio, la Mesa del Tercer Sector presentó un barómetro que mostraba que un cuarto de las entidades a las que se les concedieron convenios y subvenciones en 2013 aún no ha recibido todo el dinero que les corresponde. Si bien Bienestar ha usado criterios de proporcionalidad para retrasar los pagos, muchas empresas pequeñas han tenido que recurrir a préstamos bancarios para poder funcionar o hasta ajustes en plantilla. Esto repercute, al final, en la atención a los dependientes.

“El actual modelo de copago es abusivo y confiscatorio”, critica por su parte Rosa Cadena, presidenta de DINCAT, que agrupa a entidades que trabajan con personas con discapacidad intelectual. Bienestar creó una escala que tenía en cuenta el patrimonio a la hora de fijar la cuota y que defiende al considerar que es más generosa que la estatal. “El modelo está pensado para dependientes mayores, no para los más jóvenes que acaban empobrecidos”, asegura Cadena. Bienestar rectificó a los baremos pero los dependientes siguen descontentos. Un problema que, coinciden ambas entidades, no se mejorará sin un modelo de financiación distinto.