El Ayuntamiento recibe miles de quejas por la suciedad en las calles

El Ayuntamiento de Madrid recibió solo en el mes de julio 7.000 quejas de vecinos por la suciedad en las calles, según confirma el propio Consistorio. Las limpiezas de refuerzo en algunos barrios anunciadas en julio por la alcaldesa, Manuela Carmena, no han sido suficientes para los habitantes de zonas como Malasaña, Carabanchel o San Blas. La regidora estudia la posibilidad de remunicipalizar el servicio, que su antecesora, Ana Botella, adjudicó a una unión temporal de empresas (UTE). Los sindicatos están divididos ante esta posibilidad y el Partido Popular la rechaza y exige a Carmena que baldee las calles.

En el barrio de Malasaña, entre las calles del Pez y de Luna, hay un fuerte hedor a orina. Por las mañanas, después de las noches de fiesta, hay vecinos y comerciantes que baldean el soportal de su casa. Frente a sus viviendas huele a lejía, pero cada noche el tufo regresa. “Friego yo esto porque no hay quien aguante dentro”, dice Rosa Sánchez, una octogenaria que lleva media vida en la zona.

En otras circunscripciones de Madrid, como Carabanchel o San Blas, el problema es el mismo. “Hace mucho que este barrio está muy sucio; está un poco olvidado”, cuenta Felina Vargas, una vecina de San Blas de 56 años.

Estos distritos no estaban incluidos en las limpiezas de refuerzo, pero sí lo están, como todos los demás, en el plan de choque que comenzará a finales de este mes y que intentará una limpieza a fondo de todos los barrios. “Levantaremos mobiliario urbano porque lo que queremos es dejar todo muy limpio”, afirma una responsable del Consistorio. El plan de choque todavía se está fraguando y el Ayuntamiento no ha acabado de establecer el calendario.

Al noreste de Malasaña, en el barrio de Prosperidad, dentro del distrito de Chamartín, la situación de las calles sí ha mejorado después de que el 13 y el 14 de agosto se reforzase la cifra de operarios de limpieza. En el pavimento solo queda algo de hojarasca y algunas colillas. “Yo creo que está mucho más limpio que antes. Esta zona necesitaba una mano, pero a ver cuánto dura así”, cuenta un miembro de la asociación de comerciantes de Prosperidad.

La limpieza de las calles de Ríos Rosas, en Chamberí, también ha mejorado después de que en agosto se reforzase el servicio. “Se nota un poquito más limpio desde que hay más operarios”, dice Rogelio Merino, un quiosquero de 59 años.

Con la diferencia entre unos distritos y otros, el Ayuntamiento puede decidir esta semana si remunicipaliza el servicio de limpieza. “El plazo es ya, y ya es ya, cuando la alcaldesa esté en Madrid”, anunció el jueves Rita Maestre, portavoz del Consistorio, en referencia al viaje privado que llevó a Carmena a Buenos Aires la semana pasada para la presentación de un libro. La regidora, que volvió ayer a Madrid, anunció el lunes pasado que la remunicipalización de este servicio es un objetivo al que el Consistorio no debe renunciar. Purificación Causapié, portavoz del PSOE-M en el Consistorio, no descarta ninguna medida: “Lo que queremos es que Madrid esté limpio. Primero vamos a reunirnos con todas las partes y luego opinaremos, pero no descartamos ningún modelo. Lo que no podemos es estar siempre con planes de choque”

La portavoz popular en el Ayuntamiento, Esperanza Aguirre, que ha criticado en varias ocasiones la remunicipalización del servicio, pidió ayer a Carmena que recupere el baldeo de las calles: “No es lo mismo barrer que fregar. Las calles necesitan agua porque la limpieza se está deteriorando mucho”.

La UTE encargada de la limpieza de las calles (formada por OHL, Sacyr, FCC y Ferrovial) ha declinado hablar con este diario. Por su parte, el sindicato UGT consideró el martes la posible remunicipalización del servicio. “Creemos que el problema fundamental es la falta de personal. La remunicipalización por sí sola no es la solución”, apuntó UGT en un comunicado. Félix Carrión, secretario de acción sindical de CC OO en Madrid rechazó el martes pasado la remunicipalización del servicio, pero el sindicato emitió tres días después una nota de prensa en la que defendía el rescate de los servicios públicos privatizados.

Quienes apoyan la gestión pública de este servicio son la Plataforma de Trabajadores y Vecinos por la Remunicipalización y el sindicato CGT. “Con las privatizaciones se lucran las empresas privadas y son caldo de cultivo para la corrupción. La gestión directa mejora la situación de los trabajadores y el servicio a la ciudadanía, ya que el interlocutor directo es el Ayuntamiento, lo que hace más fácil llegar a acuerdos favorables”, apuntó la plataforma en un comunicado, donde defendió el ejemplo del Consistorio de León, que gestiona públicamente el servicio de limpieza de las calles.

CGT entiende que la remunicipalización de este servicio es indispensable porque la privatización, que realizó el Partido Popular, “no ha traído ni un solo beneficio para las condiciones de los trabajadores en las subcontratas”.

Un contrato laxo

El nuevo contrato con la UTE lo licitó Botella en 2013 por 2.317 millones de euros (un 10% menos del coste hasta entonces) y 10 años. La competencia entre empresas rebajó el precio hasta los 1.944 millones, lo que al final supuso un ahorro del 23,7% para las arcas municipales. El nuevo Consistorio se ha quejado de la laxitud del acuerdo, ya que en él no se especifica ni que haya un número diario de operarios en las calles ni la cadencia de limpieza de arterias secundarias.

Además de la rebaja en el coste del servicio, el nuevo contrato no exige una plantilla mínima de trabajadores para mantener las calles limpias, sino que controla el resultado con 68 indicadores (que no haya pintadas en las paredes, que las papeleras no rebosen o que las calles se baldeen cada noche, entre otros). Si los inspectores municipales —solo hay 300 y a cada uno le corresponden 17 hectáreas— detectan que las empresas no alcanzan el nivel de calidad adecuado, les descuentan una parte del pago mensual acordado. En 2014 las penalizaciones promediaron un 5,2% del pago comprometido, lo que supuso un millón menos al mes para las concesionarias, cuando la rebaja máxima es del 20%.

Como el Consistorio ya no puede exigir una plantilla mínima, tres de las empresas (OHL, Sacyr y FCC) aprobaron un expediente de regulación de empleo (ERE) nada más entrar en vigor los contratos. Pretendían echar al 15% del personal laboral (1.134 trabajadores), pero una huelga de 13 días frenó los despidos. A cambio se pactó un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) que, según CC OO, mantiene fuera de servicio a 2.563 empleados sobre una plantilla de 7.523 personas. Así, las empresas se ahorran 15 millones anuales en sueldos.