La ‘banda del puerto’ vuelve a juicio por estafar a un narcotraficante

La ‘banda del puerto’ vuelve a juicio. La presunta trama que unió a ladrones de ‘narcos’ y a guardias civiles corruptos —ya procesada por el robo de un contenedor con 200 kilos de cocaína en el puerto de Barcelona— se sienta de nuevo en el banquillo de los acusados. Tres miembros de la Guardia Civil —un sargento, un cabo y un exagente del puerto— afrontan una petición de ocho años de cárcel. Los guardias, que fueron absueltos del primer proceso hace tres años, están acusados esta vez de estafar a un proveedor colombiano: le hicieron creer que la policía se había incautado de su droga y la vendieron por su cuenta.

La vista, que se celebra la próxima semana en la Audiencia de Barcelona, sentará en el banquillo a ocho personas: los tres guardias civiles y cinco delincuentes comunes. La Fiscalía pide para ellos seis años de cárcel por tráfico de drogas y una multa de 150.000 euros. Con una excepción: a Juan Pedro Lozano le reclama solo un año. Lozano es un delincuente arrepentido que formó parte del grupo hasta 2002, cuando fue detenido por el asesinato de dos vigilantes de seguridad que custodiaban un furgón blindado en Terrassa. Fue condenado por ello a 40 años de cárcel y sigue entre rejas.

Lozano, que niega ser el autor del doble crimen y asegura que le tendieron una trampa, colaboró con la Fiscalía y explicó con detalle cómo sus excompañeros organizaban asaltos a traficantes de drogas en connivencia con agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía. El golpe más espectacular se produjo en 2004, cuando llegó al puerto de Barcelona un contenedor de gambas congeladas que ocultaba cocaína. Un mes más tarde, el contenedor fue asaltado por el grupo de delincuentes del que formaba parte Lozano. Según declaró éste en el juicio, lo lograron gracias a la información clave facilitada por los guardias.

Su testimonio, sin embargo, fue insuficiente para que la Audiencia de Barcelona condenara a los siete guardias y al inspector de Policía acusados. Todos ellos fueron absueltos, aunque unos meses más tarde el Tribunal Supremo admitió el recurso de la Fiscalía y anuló la sentencia. Salvo Lozano, los otros cuatro que van a ser juzgados ahora por la estafa al colombiano fueron condenados.

Los hechos de este segundo juicio se remontan a 2001. Antonio Bals, Javier Segura y Lozano contactaron con un colombiano que quería vender cuatro kilos de cocaína. La Fiscalía relata, en su escrito de acusación, que los tres dieron “muestras de profesionalidad” y de saber moverse “en el mercado clandestino”, por lo que se ganaron la “plena confianza” del vendedor. El hombre, del que se ignora la identidad pero al que conocen como “Fernando”, aceptó “adelantar la droga” y aplazar el cobro hasta que la banda la colocara en el mercado ilícito. En junio de 2001, entregó la mercancía en un centro comercial de Gavà. Esperaba conseguir unos 120.000 euros con la operación.

Noticia de un falso alijo

Pero la banda tenía un plan para vender la droga por su cuenta sin tener que pagarle nada: fingir que la Guardia Civil, por desgracia, se había incautado el alijo. Y conseguir que un medio de comunicación publicara la noticia para que el vendedor les creyera.

Los acusados “extrajeron al menos tres de los cuatro kilos de cocaína” y los sustituyeron por harina. Trataron de mantener, sin embargo, el mismo peso y volumen para que el instituto armado diera publicidad a la noticia y los medios de comunicación se hicieran eco de ella.

Segura y Lozano colocaron los paquetes manipulados en el maletero de un Audi A3 robado y lo aparcaron en una explanada junto al cementerio de Parets. Cristóbal Román, el cabo cómplice, llamó por teléfono a una patrulla para que inspeccionara un vehículo “aparentemente abandonado” en el descampado. Después de que sus compañeros hallaran la droga, Román y el sargento Roberto de Prádena, también acusado, se presentaron en el lugar para “supervisar la operación” y que se desarrollara “con arreglo a lo planeado”.

El 29 de junio, la Revista del Vallès difundió la (falsa) noticia: la Guardia Civil se había incautado de 3,4 kilos de cocaína en el interior de un coche. Los acusados, relata el fiscal, “hicieron llegar un ejemplar de la publicación al dueño de la droga, enmascarando así la realidad de los hechos y evitando reclamaciones o exigencias de pago”. Después, vendieron por su cuenta la cocaína que seguía en su poder.