Cifuentes exige mayoría cualificada para los cargos de Telemadrid

Los directivos de Telemadrid deberán ser nombrados por mayoría cualificada (tres quintos de la Asamblea) y su mandato —seis años— superará el periodo de una legislatura, según el anteproyecto de ley que presentará mañana la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, en el Consejo de Gobierno y al que ha tenido acceso EL PAÍS. Además, el texto propone que el consejo de administración pase de nueve miembros a siete. Con este reparto, PSOE y Podemos perderían un consejero cada uno, lo que daría la mayoría a PP y Ciudadanos.

La elección del director general y del Consejo de Administración de Telemadrid tendrá una vigencia de seis años, un periodo superior a una legislatura, con el objetivo de “blindar el cargo de los cambios de signo político que se produzcan”. Además, todos los directivos deberán ser nombrados y destituidos por una mayoría cualificada de la Asamblea de Madrid, tres quintas partes de los 129 escaños (77). Así lo ha establecido el Gobierno de Cristina Cifuentes en el anteproyecto de ley para una nueva televisión pública que presentará el miércoles en el Consejo de Gobierno.

En el documento también se adelanta la nueva composición del Consejo de Administración, que pasa a tener siete miembros, en vez de nueve como hasta ahora. Este reparto daría la mayoría al PP (3 consejeros) y Ciudadanos (1), frente al PSOE (2) y Podemos (1), ya que las dos fuerzas de izquierda perderían un consejero cada una con respecto a la anterior distribución, mientras los dos primeros mantendrían su número.

Esta reducción del Consejo constaba en el borrador de Ciudadanos para la nueva televisión pública y al PP le ha parecido “una buena idea”, ya que el objetivo último es “reducir al mínimo imprescindible el número de consejeros”, aseguraron fuentes del grupo popular.

Sobre la pérdida de peso del PSOE y Podemos en la elección de los miembros del consejo, los populares argumentan que el anteproyecto todavía no está cerrado y que buscan el consenso de todas las fuerzas políticas. “Queremos que todos los grupos estén contentos, porque si se sienten agraviados no vamos a conseguir el cambio que queremos para Telemadrid”, afirmaron.

Tras tomar posesión como presidenta, el pasado 24 de junio, Cifuentes anunció, junto a Ciudadanos, la intención de modificar la ley de televisión pública. La promesa de esa nueva legislación ha paralizado la formación del nuevo Consejo de Administración en base a los resultados electorales del 24M. Así, mientras debería estar ya formado por tres consejeros del PP, tres del PSOE, dos de Podemos y uno de Ciudadanos, se mantiene la anterior distribución con cinco del PP, tres del PSOE y uno de Izquierda Unida —que dimitió en julio—, originada en los resultados electorales de 2011.

Críticas socialistas

Este retraso en la toma de control del ente ha sido muy criticado desde ámbitos socialistas, que han considerado la ley de despolitización “una excusa” del PP para mantener el control de Telemadrid con “la mayoría absoluta de la anterior legislatura”. El Partido Popular explicó que la demora en la presentación se debe a que ha estado trabajando en ella desde la formación del Gobierno.

La polémica sobre el mando de Telemadrid se debe a que la izquierda se comprometió a “despolitizarla y readmitir a los 861 despedidos del ERE”, mientras que la presidenta Cifuentes planteó cerrar el canal “si las cuentas no dejan otra opción”. Sin embargo, fuentes populares dijeron ayer que su principal intención es “crear un modelo de televisión pública plural y despolitizada”.

Para ello, el anteproyecto de ley propone crear un mandato-marco con objetivos generales durante nueve años, marcar un régimen “muy duro de incompatibilidades políticas” para los consejeros y requerir una cualificación profesional para estos puestos. Asimismo, el director general será un miembro del propio Consejo de Administración y no será nombrado por el Consejo de Gobierno, como hasta ahora.

“El reto es recuperar los índices de audiencia que tenía Telemadrid en sus orígenes”, explicaron fuentes de la Comunidad. Para el PP, la competitividad es el principal problema al que se enfrenta el canal, ya que la ley por la que se rige es del año 1984, cuando todavía no estaban implantados los canales privados, ni existía la TDT.