Senegal sobre la manta

Khadim recorre cada día 80 kilómetros en tren para vender camisetas del Barça. No son las oficiales, sino falsificaciones por las que paga unos 20 euros la unidad. Si tiene un día bueno, y si la policía no le confisca la mercancía ni los clientes regatean en exceso, conseguirá unos 15-20 euros de beneficio después de 12 horas de trabajo. "Son muchos los días que vuelvo a casa sin nada, sin dinero y sin mercancía", explica. Vive en un pequeño apartamento de dos habitaciones en la plaza Sant Jordi (Salou) con cinco compatriotas más. Hasta hace cuatro días compartía estancia con Mor Sylla, el senegalés de 50 años que murió en la operación policial realizada contra la venta ambulante en la madrugada del pasado miércoles.

Khadim es uno de los más de 1.700 senegaleses censados en Salou (Tarragona). Mide casi dos metros y está en perfecta forma física. Tiene 32 años, pero aparenta muchos menos. Mira sus enormes manos mientras habla y cuenta que en su ciudad natal (Saint Louis) era pescador. Llegó a Cataluña en 2003 buscando una vida mejor. Alternó trabajos en la obra con los que consiguió los papeles, hasta que estalló la crisis económica en España. Ahora se dedica al top manta, como la gran mayoría de sus compatriotas. Es consciente de que la actividad que realiza es ilegal pero asegura que es su única alternativa. No le gusta el término mantero. "Nos consideramos vendedores, personas que intentan ganarse la vida y ayudar a sus familias en casa". Su hermana tuvo mejor suerte. Obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de La Sorbona de París y trabaja "dignamente" en Francia. "Prefiero vender camisetas en la calle que pasar droga. Me avergonzaría tener que mantener a mis hijas con el dinero de la droga".

Son conscientes de que la actividad que realizan es ilegal pero dicen no tener otra alternativa

Están acostumbrados a las visitas policiales. No es la primer vez que ocurre. "La policía viene a casa y nos pide que les demos la mercancía. Y así lo hacemos", sin embargo, Khadim asegura que la actuación policial que acabó el pasado miércoles con la vida de su amigo fue "desproporcionada". "Todavía no entendemos por qué mandaron a los Mossos d'Esquadra. No teníamos más de dos maletas de objetos. Nos trataron como como a terroristas". Dice sentir rabia por la muerte de su compañero, pero toca ir a trabajar, así que coge su bolsa de plástico con camisetas y se dirige hacia la estación de tren. Para trabajar se dividen en turnos. Los mayores se levantan a las 6 de la mañana y no vuelven a casa hasta la noche. Los más jóvenes prefieren esperar a las horas de menos calor aprovechando la afluencia de turistas en el paseo marítimo. Viajan en tren, 40 kilómetros de ida y 40 de vuelta. Muchos pasan la noche en la calle porque terminan la jornada a las tres de la mañana y, a esas horas, ya no pasan trenes .

Khadim paga 80 euros al mes por una litera que comparte con Baba Car. Gastos aparte. En el cuarto de al lado dormía Mor, junto a Mamadou. En el salón, un sofá cama y un colchón improvisado alberga a otros dos compañeros. Todos se dedican al top manta. Aquí la comida es austera y se divide entre todos. "Cada día cocina uno, nos apañamos con menos de 80 euros al mes para comer. El resto se guarda para el invierno, cuando no hay trabajo, y si podemos regresamos unos meses a casa", explica. Sin embargo, los últimos dos años no han sido buenos, así que tendrá que esperar para volver. En un mes de temporada alta, Khadim puede sacar alrededor de 450 euros, de los cuales la mitad va destinada a pagar el alquiler y la comida. Los 200 restantes los manda a Senegal.

Hace más de 40 años que llegaron los primeros senegaleses a Salou. Aquí se encuentra la comunidad más numerosa de España. En temporada alta se pueden contar hasta 3.000 compatriotas que se desplazan hasta la zona aprovechando la llegada del turismo. Se reparten entre Sitges, Coma-Ruga, La Pineda o Cambrils. La primera generación llegó hace más de treinta años. Vendían en la playa collares, pulseras y artesanía que traían de su país. "Apenas se contaban 10", asegura Julián, un vecino catalán de Salou de 70 años. Consiguieron ganar algo de dinero para abrir pequeñas tiendas. Ahora sus hijos van a la escuela y hablan castellano y catalán. "Son nuestros vecinos. Han cuidado a nuestros hijos y nosotros a los suyos. Son una comunidad  tranquila y respetuosa", describe Mateo, un vecino de 65 años que lleva toda su vida en Salou. "Tenemos una relación muy buena desde hace treinta años, pero lo que pasó el miércoles marca un antes y un después. Tememos que la buena convivencia de treinta años se haya roto en diez minutos", lamenta este vecino.

Con la llegada de la crisis, la mayoría perdió sus empleos y su alternativa fue la venta ambulante. Es el caso de Omar, un senegalés de 40 años que trabajaba como camionero en su ciudad natal de Mbour. "He recorrido España desde que llegué hace 15 años buscando un trabajo digno y legal". Llegó a Canarias en una patera y se instaló en Jaén para recoger la aceituna. Cuando acabó la época de la recolección se desplazó hasta Málaga. Más tarde fue a Alicante y finalmente Salou. Ha trabajado de electricista, de soldador, de chatarrero y en la limpieza. Hace cinco años que se dedica a la venta de calzoncillos falsificados de Calvin Klein. "Hay días que saco cinco euros. En los mejores días, puedo conseguir hasta 20 euros. Pero no compensa. Nos pasamos el día corriendo y huyendo de la policía. Estamos cansados, pero no podemos rendirnos. Si para comer tengo que vender calzoncillos, seguiré haciéndolo", insiste.

Decenas de senegaleses corriendo, recogiendo rápidamente sus mantas, mientras huyen de la policía municipal, es una imagen que se repite a diario en Barcelona y que se incrementa en verano. El ex alcalde Xavier Trias quiso acabar con esa venta. Pero el éxito está a la vista. No solo corren para evitar que les quiten la mercancía, sino para evitar que se les abra un expediente. En España, tener antecedentes imposibilita a los inmigrantes conseguir el permiso de residencia, pero también puede dificultar la renovación de los papeles. Carles Perdiguero, abogado del Colectivo Ronda, explica que en muchos casos, incluso un procedimiento judicial abierto, puede suponer la pérdida de la residencia. La falsificación es un delito penado en España, con multas e incluso pena de cárcel. Son las marcas comerciales las que interponen la denuncia. En la mayoría de los casos, los manteros no pueden hacer frente a las multas, por lo que terminan pagando la pena con días de prisión. Es lo que le pasó a Dan, un joven senegalés de 22 años el pasado invierno.

Dan habla cinco idiomas. Tuvo que dejar sus estudios en 2011 cuando su padre falleció

Desde 2005, Dan vive en el barrio de la Barceloneta. Llegó a Barcelona acompañado de su hermano pequeño para reunirse con su padre. Habla español, catalán, inglés, francés y wolof, la lengua mayoritaria en Senegal. Tuvo que dejar los estudios en 2011, cuando su padre murió de cáncer. Desde entonces se dedica a la venta de productos falsificados. Lleva deportivas, igual que el resto de sus compañeros, "para correr si viene la policía", dice. El pasado diciembre , la policía le esperaba en la puerta de su casa. Le quitaron la mercancía y le pusieron una multa de 250 euros. Al no poder pagarla, tuvo que cumplir quince días de prisión. Dan tiene el título de ayudante de cocinero y de soldador, pero no consigue trabajo. "Echo currículums todos los días, pero nadie me contesta", explica Dan, de pie, desde el pasadizo subterráneo a la salida del metro de Plaza Catalunya. "Nunca nos sentamos, siempre estamos de pie, en alerta y preparados para correr", cuenta este joven senegalés mientras vigila de reojo las escaleras del metro. Dan niega que haya mafias en los manteros. "Nos ayudamos entre nosotros. Algunos han llegado hace cuatro meses y no saben cómo funcionan las cosas. Compramos la mercancía en los chinos o en grandes almacenes, pero nadie nos controla ni nos obliga a vender. Si alguno no llega a final de mes, le ayudamos entre todos. Esos son nuestros servicios sociales", relata. Anteriormente las entregas de mercancías se realizaban en grandes cantidades que se repartían en furgoneta en los pisos patera. Actualmente, según fuentes policiales, se hace en pequeñas cantidades a través de mensajería.

La Asociación Espacio del Inmigrante, que lleva tres años trabajando en el barcelonés barrio del Raval prestando asesoría y atención médica a los inmigrantes irregulares, trabaja para conciliar el fenómeno del top manta. "Los trabajadores senegaleses son conscientes de que lo que hacen es ilegal, pero también son conscientes de que no tienen otra alternativa", explica César Ulises, uno de los miembros de la asociación. "Ellos son el último eslabón de una cadena, el más visible. Una imagen que se ha querido erradicar desde los gobiernos porque no casa con la de la Barcelona cosmopolita y fashion". El objetivo de esta cooperativa es la normalización de los vendedores, muchos de ellos con estudios y carreras universitarias, para que puedan convertirse en interlocutores y actores que formen parte de la comunidad. "Pagan impuestos, aunque sea indirectamente, a través del pago del alquiler. Deberían poder formar parte de la economía activa de una ciudad", argumenta.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona, el Gobierno de Ada Colau, anunció el pasado jueves que el fenómeno del top manta debe resolverse no solo desde la óptica policial, sino también desde la social. Aunque todavía no ha hecho públicas las medidas, desde el equipo de gobierno insisten en que se están llevando a cabo reuniones entre los principales interlocutores implicados. El Gobierno de Xavier Trias, declaró hace cuatro años la guerra al top manta. Desde entonces, el número ha ido en aumento. "El top manta no va a desaparecer. Lo que tenemos que hacer es encontrar alternativas legales para poder conciliar a todos los actores implicados: comerciantes, Guardia urbana, Ayuntamiento, vecinos y, por supuesto, a los trabajadores senegaleses", concluye César