La policía persigue a los clientes para acabar con la prostitución en Marconi

La Policía Nacional y la Delegación del Gobierno han puesto en marcha un plan para acabar con la prostitución en el polígono industrial de Marconi, en el distrito de Villaverde. Los agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana están aplicando desde hace unos días un artículo nuevo recogido la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, que permite sancionar con multas de entre 601 y 30.000 euros a los clientes de las meretrices. Se pretende así acabar con un problema histórico del barrio y dar satisfacción a una reivindicación vecinal.

Son las siete de la tarde y cerca del parque de bomberos de Villaverde se reúnen una quincena de policías. Unos se mueven en motos, otros montados en grandes furgonetas rotuladas. Los más importantes son dos coches camuflados del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC). Dentro van cinco policías de paisano que se dedican a multar a los clientes que se acercan a las prostitutas.

La orden de servicio marca como única prioridad centrarse en los clientes. “Nos vamos a dirigir a la parte más alejada del polígono, la más cercana a la autovía. El coche que vaya allí seguro que quiere coger a alguna chica”, afirma el jefe del dispositivo. Primero salen los coches camuflados y detrás los patrullas de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR). A los cinco minutos de empezar, el primer denunciado. El conductor de un Audi A-3 negro está hablando con una mujer en la calle de San Ezequiel. Los agentes ponen el lanzadestellos azul y cierran con su coche una posible huida. Se bajan con los chalecos puestos y le dicen que salga del vehículo.

Una agente uniformada habla con la prostituta, que tiene 19 años. Le pregunta si se encuentra bien y si pertenece a alguna red de trata o a alguna mafia. “Todas nos dicen que están aquí por quieren”, comenta un inspector de la UPR. También le dan un número de teléfono gratuito para que pueda salir de la prostitución y denunciar a sus proxenetas.

Mientras, otra agente rellena el acta de sanción. En la misma, similar a un boletín de denuncia, se recogen los datos del supuesto infractor (entre los que consta su domicilio) y el lugar donde ha sido cometida la falta administrativa. A todos se les sanciona por el artículo 36.11 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que castiga “la solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público”. El acta se remite a la Delegación del Gobierno en Madrid, que es la encargada de poner la cuantía de la multa.

El conductor, visiblemente contrariado, se sube a su vehículo y se marcha. Los coches patrulla se ven y los camuflados vuelven a patrullar. No han pasado cinco minutos cuando salta un comunicado por la emisora. “Atención, vehículo captado en la calle de Piñuécar”. Los vehículos policiales rodean a un Seat León negro, con dos vecinos de un municipio de la zona sur. Mientras uno estaba con una mujer, el otro esperaba en el asiento delantero. De inmediato llegan los tres motoristas y vigilan la zona, mientras otras chicas van andando a ver a su compañera. Los agentes cachean uno a uno a los clientes y les obligan a poner todo lo que llevan en los bolsillos encima del capó de su propio coche.

“El número de clientes y de chicas es bastante bajo. Se nota que es verano y que muchas mujeres se han marchado”, reconoce el inspector. “Cuando más movimiento hay es por las mañanas y por las tardes, que es cuando el polígono está a pleno rendimiento”, añade el agente que le acompaña. Por las noches es frecuente ver potentes coches, tipo Mercedes y BMW, que llevan a las prostitutas comida y palés para que los quemen en las noches de invierno. Son los proxenetas.

El polígono se distribuye por zonas. En unas se colocan las rumanas, en otras las africanas y en otro punto más alejado, las transexuales. Unas 400 mujeres ejercen la prostitución en esta área durante todo el día.

Al ser dos los hombres sancionados, se tarda un poco más en tramitar las actas. Los coches se vuelven a dispersar y comienzan a patrullar. Una rápida mirada del agente que conduce una furgoneta rotulada de la UPR permite descubrir a un nuevo infractor. En este caso se trata de un BMW gris que lleva detrás a una mujer rumana de 25 años que lleva cuatro en España. El policía se pone a su altura y le da el alto. Le obliga a parar en el lateral ante la mirada de sorpresa del propietario del vehículo.

Ha pasado cerca de una hora y el servicio se desmonta. En 40 minutos los agentes han levantado cuatro actas. “Lo fundamental es que la gente sepa que vamos a sancionarla y que deje de venir. Será la única forma de acabar con la prostitución en esta zona de una vez”, dice el mando policial. Mientras, otros clientes ajenos a lo que está pasando continúan hablando con las mujeres, que se montan en los vehículos.