El gobierno de Parla aprueba no pagar los sobrecostes del tranvía
La Junta de Gobierno (PP) considera "lesivos" o ilegales 100 de los 298 millones que ha costado el proyecto estrella de Tomás Gómez
El Ayuntamiento de Parla aprobó el pasado viernes el inicio “definitivo” del procedimiento para revocar el acuerdo por el que el anterior Ejecutivo local de José María Fraile (PSOE) se comprometió a pagar 298 millones de euros por el tranvía de la ciudad, el triple que la cantidad por la que se adjudicó inicialmente (93,5 millones más IVA). La Junta de Gobierno de Luis Martínez Hervás (PP), el primer alcalde no socialista de la localidad de 125.000 habitantes, cumple así el acuerdo del pleno municipal de enero en el que todos los partidos salvo el PSOE declararon “lesivos” o ilegales unos 100 millones de la infraestructura. El tranvía fue inaugurado semanas antes de las elecciones de 2007, en las que Tomás Gómez fue reelegido alcalde (1999-2008).
Los ediles del PSOE reconocen que no se restaron 42 millones
El PSOE, que hasta junio siempre había gobernado en Parla, presentó a finales de abril un escrito en el Ayuntamiento en el que reconoce lo que negó durante siete años: que los 42 millones que el Ayuntamiento adelantó durante las obras del tranvía y que se obtuvieron de los beneficios en el Consorcio Urbanístico Parla Este, nunca se descontaron de la deuda total del transporte. De esta manera, el coste total del tranvía se disparó aún más, pasando de 256 a 298 millones.
Los concejales socialistas en el anterior mandato —algunos repiten en la actual— piden lo mismo que aprobaron en enero el resto de grupos (PP, IU y UPyD) y que ahora acaba de aprobar el nuevo Gobierno popular: anular el calendario de pagos impuesto por el PSOE hace dos años, descontar los 42 millones que se adelantaron y calcular un nuevo calendario restando lo que ya se ha pagado, que según datos del propio consistorio asciende a unos 100 millones: los 42 millones de anticipo más otros 55 que Tranvía de Parla reconoce haber cobrado.
Los ediles del PSOE, que formaban parte del Gobierno de Fraile —y algunos del de Gómez— reconocen ahora que los 42 millones, al sumarse en vez de restarse al importe total del tranvía, han provocado que el “cálculo de intereses y de capital amortizado” sea “absolutamente erróneo”.
La mayor parte de los 100 millones pagados se abonaron el pasado mandato gracias a los planes de pago a proveedores del Gobierno de Mariano Rajoy. Es decir, que a estas alturas casi estaría pagado ya el proyecto inicial, sin contar los intereses y las obras extra que añadieron Gómez y Fraile.
Frente a los cálculos municipales, la adjudicataria esgrime que “la subvención” de 42 millones “es independiente de los pagos previstos en concepto de aportación por inversión [u obras]”. Y que “no afectaba al calendario de pagos relativo a la aportación por inversión, al tratarse de dos conceptos retributivos independientes”.
La decisión del pleno de principios de año en el que PP, IU y UPyD aprobaron, con la abstención del PSOE, la revisión del coste del tranvía era vinculante. Es decir, instaba al Gobierno municipal a revisar de forma unilateral la deuda reconocida y negociada del proyecto estrella de Gómez. La alcaldesa entre noviembre y junio fue Beatriz Arceredillo, ex del PSOE (a las últimas elecciones concurrió por el movimiento vecinal Mover Parla) y muy crítica con la gestión de Gómez y Fraile.
Arceredillo, elegida alcaldesa tras la imputación de Fraile en la Operación Púnica, desveló que la deuda de Parla superaba los 550 millones. De ellos, 180 correspondían a los pagos pendientes con la concesionaria del tranvía al cierre de 2013. Sagasta Corporate Finance SARL, el fondo de inversión radicado en Luxemburgo que en agosto de 2013 compró por 73 millones parte de la deuda del tranvía, demandó al Consistorio por impago, pidiendo “medidas cautelares” y exigiendo el cobro de 29 millones, según desveló en diciembre EL PAÍS.
Con una longitud de 8,3 kilómetros y 15 paradas, el tranvía fue adjudicado en mayo de 2005 por 93,5 millones (IVA aparte) y una duración de 40 años a un consorcio compuesto en principio por Acciona, FCC, Detren y Caja Castilla-La Mancha para su construcción, conservación y explotación. Ahora está participada en un 85% por Globalvia Infraestructuras (creada en 2007 y participada al 50% por FCC y Bankia) y un 15% por Inversiones Corporativas.
Aunque Gómez, que además de alcalde de Parla fue secretario general del PSM (julio de 2007-febrero de 2015), siempre ha sostenido que la infraestructura no costó nunca más de 129 millones, las auditorías y los informes municipales elevan el coste hasta casi 300 millones. Incluyendo, entre otros, los intereses a abonar hasta 2037 conforme al calendario de pagos con la concesionaria.
El medio de transporte tuvo un sobrecoste de 41 millones tras dos modificaciones presupuestarias, aprobadas en las Juntas de Gobierno en diciembre de 2006 (22,7 millones más IVA) y en junio de 2009 (13,3 millones, IVA no incluido). La consecuencia es que el precio de la obra se incrementó a unos 140 millones. Eso, sin contar 122 millones en intereses y otros 42 millones de “una subvención de capital” que el Consistorio aportó entre 2006 y 2007 como parte de los ingresos que obtuvo de Parla Este, un consorcio urbanístico participado en un 55% por la Comunidad de Madrid y el otro 45% por el municipio.
Todos los grupos municipales coinciden ahora en el coste global de 298 millones, incluido el PSOE, que lo negó durante años. La Junta de Gobierno de Hervás, el nuevo alcalde desde mediados de junio, dio el paso que faltaba el viernes, al declarar lesiva un tercio de la deuda del tranvía, en una nueva desautorización a la gestión de Gómez y Fraile. “Aquí de lo que se trata es de algo tan evidente y tan de justicia como que los vecinos no paguen una millonada que ya pagaron en su día y que algunos nos quieren cobrar dos veces: no lo vamos a permitir. Estoy seguro de que todos, grupos políticos y vecinos, vamos a estar unidos en esta reivindicación, que es de toda Parla”, afirma Hervás. El regidor del Partido Popular recalca que la consideración de ilegal de la tercera parte del coste de la infraestructura “supone reducir la deuda y pagar un precio real, y no inflado, del tranvía”.
La fiscalía pidió en marzo de 2014 la imputación de dos Gobiernos de Parla por el sobrecoste del 37,96% del tranvía, al considerar que se pueden haber dado los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Entre los 11 concejales socialistas no figura Gómez, que en la jornada en la que se aprobó uno de los gastos no asistió de la Junta de Gobierno. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) cree necesario “determinar las relaciones tanto del tipo laboral y/o tributario que hubieran existido entre los integrantes de las Juntas de Gobierno que aprobaron las modificaciones y las empresas de la unidad concesionaria Tranvía de Parla, SA”.
Además de la vía penal, las cuentas del tranvía también están denunciadas en la vía administrativa. La Justicia había preguntado al Ayuntamiento si iba a cumplir el acuerdo del pleno de enero para revocar en Junta de Gobierno los sobrecostes de Gómez y Fraile, algo que el actual alcalde ha cumplido en mes y medio de mandato.
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