“Hoy soy yo, mañana usted”

Yolanda O., argentina de 64 años, es uno de los 30.000 extranjeros en situación irregular que tendrán pronto cobertura sanitaria universal en la Comunidad Valenciana tras el anuncio del nuevo Gobierno de la Generalitat. Esta argentina, enferma de diabetes, se vino a España hace 11 años con sus hijos porque vivían aquí. Su tarjeta sanitaria le daba derecho a control médico y a la insulina subvencionada pero su permiso de residencia y trabajo expiró y quedó fuera del sistema sanitario en 2011. Obtuvo una SIP provisional durante un año pero no incluía la medicación.

Desde entonces ha tenido problemas para hacerse cargo de la insulina que, sin receta, cuesta unos 60 euros mensuales. Yolanda tiene una hija enferma, su pareja no tenía ingresos hasta que hace poco le concedieron una pensión no contributiva, y solo uno de sus hijos aporta ingresos al hogar.

Durante este largo periodo sin tarjeta sanitaria le han fiado a crédito en la farmacia: “Me la daban´ y conforme podía la iba pagando. Confiaban porque me conocían de antes”, explica. Su pareja escuchó hace dos días en la radio que le iban a volver a dar la tarjeta y está feliz porque todavía recuerda cómo la última vez que acudió al ambulatorio le reclamaron 40 euros por una consulta.

“Me pongo en el lugar de ustedes [dice en alusión a la crisis y los recortes presupuestarios de estos años] pero no por eso tenemos que pagar los inmigrantes. Hoy se trata de mí, pero mañana pueden ser ustedes”, reflexiona.

Este lunes ha sido el primer día en que los extranjeros sin papeles podían solicitar la SIP. No ha habido avalancha de peticiones. "Es pronto”, reconoce la coordinadora del centro médico de Benimaclet, un barrio de Valencia. La Consejería de Sanidad, según un portavoz, instaló ayer el programa informático para gestionar las solicitudes y en unos días repartirá las instrucciones entre el personal para que comiencen a expedir las SIP. ONG como Valencia Acoge, que actúa en Orriols, uno de los barrios de la capital con mayor porcentaje de población inmigrante, recibió llamadas de tléfono para pedir información y la demanda irá a más conforme avance la semana.  Solo han transcurrido tres días desde que la consejera valenciana de Sanidad, Carmen Montón, hiciera pública la decisión del nuevo Ejecutivo. 

El recorte asistencial a los extranjeros sin papeles se consumó en 2012. Desde entonces los inmigrantes solo tenían derecho a urgencias y maternidad.