Un giro poco creíble

Resultaba algo chocante oír al consejero de Territorio y Sostenibilidad Santi Vila decir: “Tenéis razón: era incomprensible que hubiera tantos pisos vacíos donde hay necesitad habitacional, y que el Gobierno no hiciera nada”. Un poco tarde para darse cuenta. Llevamos siete años de crisis y cinco de desahucios inmisericordes, con miles de familias “lanzadas” de su casa. Y no sólo el gobierno de CiU no ha hecho nada por aliviar esa situación, sino que lo primero que hizo al llegar a la Generalitat en 2010 fue cambiar el artículo de la Ley de Vivienda aprobada por el tripartito de izquierdas que abría una posibilidad a la expropiación forzosa de viviendas por razones sociales.

Bien está lo que bien acaba, y por eso hay que celebrar el acuerdo alcanzado el jueves que permitirá tramitar como proyecto de ley en el Parlamento catalán la inciativa legislativa popular (ILP) de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional y la pobreza energética, promovida por la PAH, la Alianza contra la pobreza energética y el Observatorio DESC. Que CiU apoyara en última instancia el proyecto permite tramitar la ley por la vía de urgencia, pero no deja de ser significativo que un asunto como este se haya dejado para el último pleno de la legislatura, si es que Mas acaba convocando las elecciones para el 27 de septiembre. Todos los partidos, excepto PP y Ciutadans, se comprometieron a votar el texto. Veremos si todos cumplen, aunque de momento el acuerdo ha servido también para mostrar cómo el partido de Rivera se alinea, una vez más, con las posiciones más conservadoras.

Pero los elogios que Santi Vila dirigió al movimiento ciudadano que ha impulsado la ILP y su reivindicación de la actuación del Gobierno sonaron a impostura. Es cierto que se han tomado algunas medidas en el último momento, pero si algo puede afirmarse sin temor al error es que este gobierno no ha tenido entre sus prioridades una política de vivienda digna de ese nombre.

El día antes de tramitarse la ILP se había aprobado una norma que permite gravar los pisos vacíos de las entidades financieras, pero entre el anuncio de la medida, fruto del pacto con ERC, y su aprobación efectiva habían pasado más de dos años. También es cierto que a finales de abril se aprobó el cambio normativo que permite al Gobierno ejercer el derecho de tanteo y retracto en las ventas de pisos que los bancos hagan a fondos o gupos de inversión. Gracias a este cambio, la Generalitat pudo quedarse el lunes con 40 pisos de Bankia por el mismo precio por el que iban a ser vendidos. Pero desde que estalló la burbuja inmobiliaria, las entidades bancarias han vendido miles de pisos que habían llegado a sus manos por quiebra de inmobiliarias o por deshaucios, muchos de ellos a fondos especulativos que los compraron a precio de saldo. De haberse aprobado antes esta medida, la Generalitat hubiera tenido un parque de vivienda pública para alquiler social con el que hacer frente al drama de los desahucios.

La cuestión es: si ahora es posible, ¿por qué no antes? En los cinco años que lleva CiU en el gobierno ¿no pensó nunca en la oportunidad o la necesidad de aplicar este tipo de medidas? Parece que no. Pero llegan las elecciones y es hora de hacer un “giro social” que resulta tan poco creíble como el que proclama el PP en su estrategia de exhibir de repente una gran preocupación por los que sufren. Por mucho que Montoro las presente como “las medidas de devolución del esfuerzo a la sociedad que va a emprender el Gobierno en el último tramo de la legislatura”, difícilmente serán percibidas como algo distinto de lo que son: pura cosmética con fines electorales.

Ya resulta sospechoso que el PP se presente como “el partido del cambio” cuando la sociedad pide cambio, pero ni siquiera con la mayor de las ingenuidades se puede comulgar con ruedas de molino como la de la rebaja de luz “para afrontar la pobreza energética”. El Gobierno aprobó el viernes una rebaja del recibo doméstico del 2,2%. Desde luego peor sería que siguiera subiendo, pero algunos datos ponen en su sitio la medida: en el último mes la luz ha subido un 3,8% respecto del anterior; en el último año un 12% y en la última década, un 98%. La rebaja supondrá un ahorro medio de 1,5 euros por hogar, cuando en el último año el aumento ha sido de 12. Gran alivio no parece.

Hay que celebrar que tanto CiU como el PP hayan cambiado de opinión, aunque sea por razones meramente oportunistas, pero será difícil que eso haga olvidar lo mucho que pudieron hacer y no hicieron cuando podían y debían hacerlo.