La PAH pide que no se recorte la ILP de vivienda tras el ‘sí’ de los partidos

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para hacer frente a la emergencia habitacional y a la pobreza energética pasó ayer la primera prueba de fuego en el Parlament. Ningún partido hizo una enmienda a la totalidad, por lo cual se votará en dos semanas. A la espera de la negociación definitiva, los representantes del grupo promotor —La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC)— pidIeron ayer no recortar el texto inicial.

“La responsabilidad de todos los grupos políticos es hacer un proceso ejemplar de enmiendas que respete la integridad de la ILP y que permita un acuerdo mayoritario”, pidió Carlos Macías, protavoz de la PAH. La iniciativa llegó a la Cámara catalana tras recoger más de 140.000 firmas y ha sido tramitada bajo la modalidad de urgencia, lo que ha permitido que llegue al pleno sin las comparecencias de los expertos habituales. El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, criticó esa ausencia pues cree que los técnicos permiten “enriquecer y dar solvencia a la iniciativa”. Vila calculó que poner en marcha las propuestas del texto implicará una inversión de entre 400 y 800 millones de euros. Los promotores no tienen un cálculo propio. Según datos judiciales, en 2013, un 67% de los 16.008 desahucios registrados en Cataluña estaban relacionados con el impago del alquiler.

Medidas urgentes

La ILP propone, entre otras cosas, el alquiler forzoso de una vivienda para una familia desahuciada que haya entregado su casa en dación en pago y no tenga a dónde ir. También se pide aumentar el parque de alquiler social, medidas de segunda oportunidad para familias con una deuda a la que no puedan hacer frente o evitar que los gastos en materia de vivienda y de suministros básicos de las personas desahuciadas no superen el 30% de los ingresos familiares disponibles. Respecto a la pobreza energética, se pide de la Administración ampare por tres años a las personas sin recursos. “Esta es una ILP de mínimos, no podemos renunciar a ninguno de los puntos”, recordó Macías.

El acuerdo con Unió y Convergència es vital para aprobar la ILP, pues el pacto con el PP de entrada parece mucho más dificil. La diputada convergente Meritxell Roigé aseguró que su formación no bloqueará la propuesta, pero pidió evitar una “frustración” como la producida tras el decreto andaluz, que permitía la expropiación de los pisos vacíos de los bancos, y que fue paralizado por el Tribunal Constitucional. Los promotores reconocen que se cambiarán algunas partes para ajustarlas a la ley. Por ejemplo, la de el alquiler forzoso sería reemplazada por una fórmula que garantice la movilización de pisos vacíos y el alquiler social para las familias en proceso de desahucio.